Para los 3 últimos gobiernos, los Acuerdos de Paz, el Derecho Internacional y algunos tratados firmados por el Estado, fueron considerados una “intromisión extranjera” que atentaba contra la soberanía nacional e intervenía en los asuntos internos del país.  Guatemala está obligada a respetar el Estado de Derecho, la justicia, cumplir con los tratados de integración y acatar las disposiciones de los altos organismos internacionales. Con la ONU, se crearon roces innecesarios, por la mala conducción de la política internacional, así como, por no aplicar los principios de convivencia pacífica con los pueblos. Lo anterior refleja que los cancilleres guatemaltecos, no son funcionarios de carrera, sino, nombrados a la carrera.

Fotografía de Esbin García

La posición de la comunidad internacional, poco le importó a Jimmy Morales, que hizo caso omiso de los compromisos políticos contraídos por el país, a partir de ser suscriptor de tratados y convenios internacionales, por la misma línea se condujo Giammattei.  El ejemplo más claro de ello fue la suspensión unilateral del acuerdo que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, creada en 2006, por medio del acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala.  Esa decisión unilateral, causó gran rechazo, por la comunidad internacional, por violar los más elementales principios del Derecho Internacional.

Jimmy Morales, se mantuvo en la presidencia, gracias al apoyo de Trump, de sus senadores y congresistas republicanos, de las redes de iglesias evangélicas conservadoras y fanáticas que cobijan a la ultraderecha internacional. Del crimen organizado, acompañados por operadores del Cacif, que cabildearon dentro y fuera del país, conspirando para deshacerse de la Cicig.  Se mantuvo con el respaldo del Ejército, beneficiándolo con recursos económicos, ascensos y jefaturas, que lo terminaron ungiendo como “kaibil honorario”. Con sectores políticos y empresariales que, según el informe final de la Cicig, en 2019, utilizaron el Estado para enriquecerse a través de complejas redes lícitas e ilícitas.

El acuerdo con la ONU, consistió en todo momento, en contribuir con Guatemala, ante las fallas y deficiencias del precario sistema de Seguridad y Justicia. En otras palabras, Guatemala pidió apoyo y autorizó a la Cicig, a participar en los asuntos internos del país. En eso consiste el acuerdo, para eso se le llamó, para eso se negoció con la ONU, por lo que no es cierto que la Comisión se haya extralimitado en sus funciones, en todo caso, las cumplió.  Tampoco es válido el argumento de la ultraderecha, que, con un falso nacionalismo, acusó a la Cicig, que se amenazó la soberanía. Los conservadores entienden por “soberanía” mantener el privilegio de su enriquecimiento; sin fiscalización, sin ataduras y sin oposición.  Tener el derecho soberano de ser dueños de las riquezas del país, manejar el Estado a su total servicio, cooptar sus instituciones, y decidir sobre su administración y funcionarios que cambian cada cuatro años, “en aras de la democracia”.

La Cicig al llevar a cabo sus investigaciones con el apoyo del Ministerio Público (MP), se convirtió en el principal enemigo de la corrupción, de la impunidad y de los delincuentes de cuello blanco que manejan el Estado, así como de los criminales de guerra que justifican sus acciones como los crímenes de Lesa Humanidad y el Genocidio, argumentando que “defendían al Estado” evitando que el país cayera en manos del comunismo.

Fotografía de Esbin García

El objetivo primordial Cicig, fue apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs).  También, judicializar cualquier delito relacionado con estos. Ahora las mafias y el crimen organizado regresaron a operar con toda impunidad amparados por el pacto de corruptos, sin ser perseguidos, enjuiciados y condenados. Ese fue el propósito de expulsar a la Cicig. Para Sammy Morales, hermano de Jimmy, ahora candidato a la presidencia se refiere en su campaña a Iván Velásquez, exjefe de la Cicig: “A ese lo echamos de Guatemala, por comunista”

El legado más importante que dejó la Cicig, que por primera vez, los guatemaltecos comenzaron a respetar la ley, a temer a su aplicación, gracias, en gran medida, al impacto que causó la Comisión, en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Junto con el MP, dieron golpes demoledores a varias estructuras criminales que jamás habrían sido investigadas, evidenciadas y enjuiciadas.