La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, presentó la iniciativa 6344, ley del sistema de alerta Ángel-Domingo, que busca salvaguardar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes de los centros educativos del sistema nacional que están siendo víctimas de delito, acoso y amenazas por negarse a participar en delitos o integrar grupos delictivos, pandillas y otros.
La diputada, Lucrecia Marroquín. 📷 Miguel Plato
A la presentación de dicha propuesta de ley llegó Verónica Galicia, juez del Juzgado de Medidas de Ejecución de Adolescentes en Conflicto con la Ley, Isaías Corado, coordinador del Programa de Prevención del Delito de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) y Aura Méndez, directora del Instituto Adrián Zapeta.
La iniciativa propone que, cuando un niño es amenazado, las autoridades de manera inmediata, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN) deben de proteger al adolescente junto a su familia, buscarles un nuevo lugar para vivir, que el Ministerio de Educación ubique al estudiante en otro centro educativo y la Policía Nacional Civil tenga presencia en los lugares de estudio.
En referencia al nombre de la iniciativa, Galicia dijo que un grupo de pandilleros le exigieron al estudiante Ángel Escalante su participación en el asesinato de una persona, ante la negativa, le preguntaron cómo prefería morir: descuartizado o lanzado desde el puente Belice, Escalante eligió la segunda opción. Luchó por su vida durante 15 días tras ser lanzado de un puente, sin embargo, falleció.
En el caso de Domingo Sicay, pandilleros le pidieron que se integrara a una pandilla, él se negó y lo asesinaron al salir de su jornada de estudios. “Los antisociales llegan a acechar a las víctimas ofreciéndoles dinero o compra de artículos personales, al negarse ellos, los amenazan con matarlos, por eso la familia Sicay se acercó a la diputada Marroquín para trabajar una ley y que pase de urgencia nacional y así salvaguardar la vida de los adolescentes”, dijo la jueza Galicia.
