La gobernanza puede tener distintas connotaciones cuando se aplica al sistema político de un país o de una región. La coyuntura en Guatemala permite definirla como una alianza de gobernabilidad entre los diferentes actores de la sociedad. El objetivo común es un cambio de modelo en las instituciones del Estado que propicien reformas internas por medio de leyes, normas y acciones las cuales deben de ir encaminadas a mejorar los indicadores de desarrollo.

El gobierno de Bernardo Arévalo se vislumbra como un camino lleno de obstáculos que, en apariencia, son difíciles de sortear. Sin embargo, existen criterios de gobernanza que permiten espacios de negociación. El Organismo Ejecutivo, liderado por el Presidente de la República, tiene a su cargo la designación de los ministros, secretarios y, en consecuencia, todo el aparato que hace funcionar al Estado. Los ministros son los encargados de ejecutar las obras de infraestructura, los programas sociales y todos los servicios a la población. Los gobernadores, por medio del Sistema de Consejos de Desarrollo, son quienes determinan las propuestas para la ejecución de obra pública.

📷 Esteban Biba

La sociedad civil organizada en COCODES, COMUDES Y CODEDES, quedan bajo la responsabilidad de los gobernadores que son el enlace con el Ejecutivo para proponer y ejecutar las obras cuyo fin es brindar servicios básicos a la población urbana y rural. Pertenecen a un sistema que se integra en los CONEDUR, COREDUR Y SISCODE. Los diputados distritales se deben a esas comunidades, municipalidades y departamentos que los eligieron como sus representantes. Los diputados pueden manipular el listado de obras que se presentan a la Comisión de Finanzas en el Congreso pero, esos listados son propuestos por la población que no podrá ser traicionada por sus representantes. Los diputados recién electos que den la espalda a sus electores corren el riesgo de acabar con su carrera política.

En las pasadas elecciones, los diputados oficialistas tuvieron en sus manos todos los medios de manipulación para procurarse la reelección. Dentro de cuatro años, los programas sociales no estarán a su disposición. Deberán ganarse la reelección por medio de su buena gestión. Los ojos de los ciudadanos estarán puestos sobre ellos y fiscalizaremos sus acciones para poner fin al sistema corrupto y construir uno nuevo.

El Ejército, la Policía Nacional Civil y otras instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional, dependen del presidente y de sus ministros. Una buena gobernanza partirá del acertado nombramiento de ministros y gobernadores y de su capacidad para cumplir a cabalidad con las directrices que emanen de la presidencia. Las cualidades de estos funcionarios, además de la honestidad para ejercer sus funciones, debe sustentarse en una enorme capacidad de ejecución eficiente y eficaz en cuanto a la administración de los recursos y el enfoque en las necesidades de los usuarios de los servicios públicos.

Algunos analistas creen que el presidente electo se encontrará atado por un Congreso que le es adverso. En sentido contrario, considero que es una oportunidad de oro para demostrar que, la buena gobernanza ejercida desde el Ejecutivo es un factor de cambio que no hemos ensayado, pero que nos puede resultar beneficioso.

Por décadas hemos tenido que lidiar con diputados corruptos que venden su voto a cambio de dinero o de plazas para sus allegados. En países desarrollados se suelen intercambiar votos por obras o por proyectos de ley. Estas negociaciones son normales dentro de un sistema democrático. Los gobiernos corruptos convirtieron al Congreso en un mercado sin valores. Es tiempo de demostrar que se pueden hacer las cosas bien.

Es importante que Arévalo tome en cuenta que no podrá gobernar si se deja manipular por gente de su propio partido. Generalmente, los miembros del partido oficial se convierten en lastre cuando esperan ocupar puestos importantes sin tener los conocimientos para ejercer los cargos. El descontento interno es un peligro y suele ser la razón por la cual muchos gobiernos fracasan. Sucede cuando el presidente cede a las presiones y escoge a sus funcionarios con base en el activismo político o la popularidad, lo que no siempre implica capacidad y honestidad en el ejercicio de la administración pública.

¡Pilas pues!