PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Los procesos electorales son bidireccionales y están intrínsecamente relacionados con el alcance y ejercicio del poder político. Por un lado, son el medio por el cual distintos actores compiten y se movilizan a través de una serie de reglas comunes para lograr llegar a cargos públicos. Por el otro, son el canal por el cual la ciudadanía ejerce su soberanía. Al tratarse de un procedimiento que conlleva una estrecha relación con el uso del poder, es evidente que en contextos en los que existe tensión o riesgo, este puede ser un promotor de violencia. Garantizar el buen rendimiento de la democracia requiere de la eliminación de la violencia electoral, no solo porque facilita elecciones libres y justas, sino también porque garantiza la existencia de los principios vitales de la misma.
Siempre que la violencia electoral constituya un obstáculo para el ejercicio del poder y la autoridad al desacreditar y desafiar las reglas establecidas en la Constitución y los resultados legitimados por las instituciones públicas, se perjudica de forma directa la gobernabilidad del sistema electoral. Asimismo, la violencia deteriora el principio de representación al no respetar, o intentar modificar mediante actos ilícitos (previos, durante o posteriores al sufragio), los resultados obtenidos de forma democrática. La violencia electoral desde la visión del mirador electoral 2015, se define como: Cualquier acción de coacción, intimidación o agresión dirigida en contra de los actores políticos y sociales que participan del proceso eleccionario o en contra de las autoridades electorales que lo rigen, con la finalidad de afectar o distorsionar el desarrollo del proceso electoral o alterar los resultados electorales.
En nuestro país son varias y diversas acciones que se realizan como expresión de la violencia electoral, tales como: manifestaciones ilegítimas (uso de violencia), bloqueos de carreteras, interrupciones de mítines, desmontaje o eliminación de la propaganda o publicidad, limitar el derecho de los partidos a anunciarse, manipulación por comunicados falsos, retención de población u otro actor del proceso electoral, inconformidad generalizada de resultados de elecciones, toma de centros de votación y coacción o amenazas para votar por un candidato en particular.
La literatura sobre el desarrollo de la violencia electoral en América Latina ha determinado tres grandes cambios en el comportamiento de dicho fenómeno tras la transición a la democracia en la región. El primer gran cambio se da en los agentes que realizan los actos de violencia. “Hoy, la violencia que rodea las elecciones no viene de los actores políticos, partidistas o gubernamentales, y no tiene un carácter general.” El segundo cambio que ocurrió fue con relación a la intención de la violencia, esta, ya no se utiliza para impedir la realización de las elecciones, sino para modificar los resultados de las mismas. El tercer cambio se da en la dimensión espacial de la violencia electoral, el campo de batalla pasa de ser las elecciones presidenciales para convertirse en las elecciones municipales.
Fotografía de Simone Dalmasso
Pero ¿Por qué, se desarrollan actos de violencia? Una posible explicación es que la violencia no es un acto desorganizado producto del malestar ciudadano o la falta de legitimidad en las instituciones, sino un ataque planificado cuyo fin es promover o apoyar candidatos, regularmente promovidos por estructuras (como narcotráfico y crimen organizado) con interés de penetrar el sistema político. Los vínculos con la política obedecen a la necesidad de estos grupos de contar con protección política, información y libertad de acción en las zonas en que operan.
*Este artículo está basado en un documento ASIES, CONRAD ADENAUER Y NED 2020
