Lo que debió haber derivado en un reconocimiento público por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ante la apabullante victoria de Bernardo Arévalo sobre su candidata presidencial se torció hoy en la presentación de una denuncia penal en contra de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según la UNE, los magistrados del TSE no garantizaron elecciones limpias y transparentes.
El equipo legal de Sandra Torres señala a las autoridades del TSE (Irma Palencia, Blanca Alfaro, Ranulfo Rojas, Mynor Custodio y Gabriel Aguilera) de supuestamente haber cometido fraude durante las recientes elecciones generales.
El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Delitos Electorales solicitó ante el Juzgado Octavo Penal el retiro de la inmunidad de las autoridades electorales para que se inicie una investigación en su contra señalándolos por los delitos de abuso de autoridad con propósitos electorales e incumplimiento de deberes.
Ahora será el turno de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidan si la denuncia es legítima y continúa vigente o se declara espuria y con fines políticos para ser engavetada (luego de que el Juzgado Octavo Penal se inhibió de conocer el caso).
