Esta semana, se hicieron virales los despidos masivos en el Ministerio Público, pese a que vienen sucediendo desde que Consuelo Porras tomó posesión del cargo por primera vez.
El caso más sonado fue el del Fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, pero la diarrea de despidos continuó con más efusividad a partir de su reelección, luego de firmar un pacto colectivo con el sindicato del MP, por medio del cual se autorizó la remoción del personal de confianza, a cambio de un bono de dos mil quetzales.
Se sabe que las destituciones obedecen a un criterio de desconfianza en relación a fiscales de carrera que estuvieron en contacto con personal de la CICIG. En ese grupo se halla el personal que participó en la investigación de casos especiales de corrupción. Se cree que las remociones se realizaron a pedido de los abogados de Baldizón, Sinibaldi, Benito y otros actores vinculados con los casos en contra de militares.
El criterio para remover a los fiscales con más años de experiencia posiblemente obedece a que se les considera renuentes a adoptar un nuevo modelo de gestión que nadie comprende. Quienes están a cargo de su implementación, parecen desconocer el funcionamiento de la institución. Periódicamente, cambian al fiscal de un caso y lo sustituyen por otro sin ton ni son. El retraso en la gestión de los expedientes ha provocado el atasco de todas las investigaciones.
La racha de fuego cruzado que se vive adentro del MP da para escribir un libro. Cientos de familias que dependían de esos sueldos han quedado en el desamparo. Fiscales que dejaron sus mejores años de vida y que acumularon experiencia valiosa, son desechados y sus conocimientos tirados a la basura bajo el supuesto de adoptar otro sistema en el cual se pretende que los casos de homicidio o asesinato sean desestimados en menos de dos meses. A la Fiscal General no le interesa la justicia sino los números, pero éstos -por ahora- solo reflejan una gestión plagada de ineptitud.
Algunos despidos parecen responder a la necesidad de ubicar personal que se doblegue fácilmente. Están colocando allegados en puestos clave para cubrir su retirada, de ser necesario. Esta parece ser la peor de las estrategias, ya que un sucesor de ideas contrarias puede remover al personal cooptado.
El Ministerio Público, o mejor dicho, la Fiscal General, está on fire socavando los cimientos de la institución. Parece que quiere dejarla a merced del crimen organizado. Está que arde en su sed de venganza en contra de quienes un día lucharon por limpiar de corrupción al Estado.
Los peones más fieles son quienes ponen en alerta a las cuentas anónimas que aúllan enardecidas cuando anuncian acciones o medidas dictadas desde el despacho, encaminadas a dañar a los enemigos de los criminales. En el mundo al revés de los terroristas, no tan anónimos, la racha de éxitos ha sido imparable durante la gestión actual. Han logrado medidas sustitutivas para muchos miembros de las estructuras delincuenciales y corruptas.
Omar Landaverry
La Fiscal lleva más de dos años desmantelando al MP sin importarle el daño que les hace a las investigaciones. Los constantes cambios de fiscal, de fiscalía o de edificio, no solo afectan a los empleados quienes pierden tiempo valioso en analizar los casos para que, en cualquier momento, se los cambien por otros. Afecta el trabajo de los abogados y de los usuarios que van una y otra vez a repetir la misma declaración; a explicar un caso que lleva meses, años o décadas sin resolución.
La renuncia de la Fiscal General, más que un tema político, es un clamor por la justicia para cualquier ciudadano cuyos derechos son violados. Es poner un alto a los despidos injustificados de servidores públicos cuyo delito es interponerse en el camino de los criminales que nos gobiernan. En Guatemala no tendremos paz hasta que cese la persecución con fines de venganza personal o de protección de los delincuentes.
