Diversos sectores políticos, comprometidos con la lucha por la democracia, y contra las posiciones autoritarias del oficialismo y el pacto de corruptos, introdujeron en el debate nacional, la posibilidad de prolongar el cierre del proceso electoral hasta después de que el nuevo gobernante asumiera la presidencia del país. El planteamiento pretendía garantizar el proceso de transición, al mismo tiempo que garantizaba que las fuerzas de la derecha fascista y sectores conservadores, no tuvieran la posibilidad de anular el proceso electoral y burlarse de la voluntad popular expresada en las urnas. Y según el cardenal de la Iglesia Católica, “aún existen fuerzas que pretenden anular las elecciones”.

Esta situación creó preocupación en la comunidad internacional, que se ha convertido en presión, dentro de la cual, se podrían convertir en sanciones, como medida política, anunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los sectores afectados ya lo califican como intervención en los asuntos internos del país, planteando una caricatura de soberanía. Pero tomando en cuenta que el origen de la crisis, proviene de los sectores oficiales, que, en sus medidas dictatoriales, han contribuido a la destrucción del Estado de Derecho, el proceso democrático y una burla a la voluntad soberana de los ciudadanos.

A pesar de esa situación, las acciones del Ministerio Público como punta de lanza visible de la crisis, siguen amenazando a que el traspaso de la presidencia, no se produzca y tienen preparadas otras medidas, a fin de no permitir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Las acciones legales ya concluyeron, ahora darán paso a las ilegales y la conspiración continuará, pasando por sobre todas las leyes internas, incluyendo la Constitución, los acuerdos y convenios firmados por Guatemala ante la comunidad internacional. Ello destruirá el Estado de Derecho y la maltrecha democracia será la principal víctima, que terminarán de enterrar.

Algunos de los sectores empresariales, se dieron por aludidos ante la posibilidad de que se cumplan las sanciones provenientes principalmente de los Estados Unidos, que les afecten directamente, sobre todo porque forman parte del pacto de corruptos y han apoyado la escalada de autoritarismo emprendida por la actual administración. Otros grupos empresariales en oposición, pero sin llegar a ser antagónicos, compartieron el planteamiento de que se extendiera el plazo, porque no se garantizaba que la nueva administración asuma el 14 de enero, existiendo gran incertidumbre, amenaza permanente y conspiración a la orden del día. Al Pacto de Corruptos, no les pasa que su estrategia electoral, con sus candidatos ungidos, no les haya dado el resultado esperado, con el que perpetrarían seguir gobernando y consolidar un régimen dictatorial. Según el derecho interno vigente, solo el TSE, tendría el derecho para extender los plazos del proceso electoral.

A pesar de esa situación, la medida política quedó en manos del Tribunal Supremo Electoral, TSE, que al final cumplió con la fecha establecida por ley, el 31 de octubre de 2023, cuando informó por medio de un comunicado de prensa, emitiendo el Decreto 5-2023, por medio del cual oficializó los resultados de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2023. Contra esa medida, ya se escuchan los desacuerdos oficialistas, y la posibilidad de que intensifiquen los ataques. La primera medida ya se hizo oficial, al declarar que el partido Semilla se cancela. Los argumentos son los mismos, que estuvieron dando a conocer, sobre irregularidades en la afiliación de ciudadanos. Esos argumentos no salieron a luz en las pasadas elecciones en la que ese partido participo sin ningún problema y sin que fuera cuestionado el proceso de afiliación, porque todo estaba en regla, según la Ley Electoral y sus reglamentos.

La presión social, se mantiene con nuevas estrategias, porque la dirigencia del movimiento hizo correcciones a sus formas de manifestar y hacer sus demandas, con el propósito de no afectar a la población en cuanto a su movilización, abastecimiento de alimentos, de gasolina y otras necesidades logísticas. Esa corrección resultó inteligente, porque de esa manera, el movimiento no pierde el apoyo popular.  Donde no se ha producido un viraje estratégico es en las demandas. El centro de la crisis no es el MP ni el juez Orellana, ellos son las figuras visibles, simples marionetas. Si los quitan vendrán otros iguales o peores, y el problema se mantiene sin ningún cambio. Ello porque es el sistema mismo  el que está colapsado, dando posibilidad a que se tomen esas medidas antidemocráticas, generando corrupción y admitiendo el Crimen Organizado dentro de sus estructuras. Es en los factores del poder y sus estructuras políticas, los conductores del pacto de corruptos y sus aliados, donde residen las causas de la crisis política.

Por de pronto, los movimientos indígenas y populares, están a la expectativa del comportamiento de las autoridades gubernamentales. Se manifiesta una mayor vigilancia y presión internacional que anuncia sanciones y se pronuncia de manera coordinada y concertada, a favor de la transición.