La Comisión Pesquisidora en el antejuicio que se sigue en contra del vicepresidente de la república, Willy Castillo, llevó a cabo una serie de audiencias esta semana para conocer detalles del caso e indagar en las causas que motivaron el proceso legal en contra del funcionario.
El vicemandatario fue citado ayer a las 10 de la mañana para ser escuchado, sin embargo, no asistió y en su lugar envió un escrito en donde explica los detalles de la designación de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), de forma temporal, a raíz de la renuncia de Oscar Conde, como titular de dicha institución, a pocos días de culminar su periodo comprendido de 2017 a del 2020.
La diputada Andrea Villagrán, preside la Comisión Pesquisidora. 📷 Roberto Aguja
Los miembros de la comisión adjuntaron el escrito del vicepresidente y lo adjuntaron como parte de la documentación en este expediente en donde acordaron dejar constancia de la incomparecencia del funcionario.
A las 12:00 horas, fue escuchado Frank Bode Fuentes, titular de la Contraloría General de Cuentas, quien indicó a los diputados que en algún momento se notificó una situación relativa al nombramiento temporal de Ángela Figueroa, sin embargo, se presentó la documentación de descargo correspondiente y el tema fue desvanecido.
A las 14:00 horas se escuchó a Karla Gómez, directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); la profesional indicó que la Senabed no se rige por la Ley de Servicio Civil, por lo que no contaba con la competencia para emitir opinión sobre el tema.
Asimismo, a las 15:00 horas fue el turno de escuchar a Lilian Magaly Zacarías, jefe del departamento de Recursos Humanos de la Senabed, quien expresó que este proceso de designación de la Secretaría se lleva a cabo en Vicepresidencia de la República, pero que, como opinión personal considera que Figueroa sí cumplía con los requisitos para ocupar el cargo temporal.
Los congresistas que integran la Comisión Pesquisidora, luego de dar por finalizadas las audiencias públicas en este proceso de antejuicio, acordaron reunirse hoy, para deliberar sobre el contenido y el sentido en que se emitirá y se entregará el informe circunstanciado correspondiente.
Con este proceso los diputados de la Comisión Pesquisidora cumplen con su mandato constitucional y lo ordenado por la Ley en Materia de Antejuicio Decreto (85-2002), en su Artículo 17, inciso g, donde se establece que la Comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado y que el propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.
