Lawfare o el uso de la ley como un arma de guerra 🪖 ⚖️

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, expreso acertadamente Lord John Acton, refiriéndose a la lucha por el poder en la que intervienen grupos sociales, políticos y económicos en el seno de cualquier sociedad en cualquier momento de la historia universal.

Guatemala no es la excepción. Luego del 25 de junio el país entró en una vorágine perversa, en la cual un grupo que conjuga a distintos sectores de poder iniciaron una serie de tácticas inescrupulosas y canallescas para mantener el statu quo de corrupción e impunidad y ejercer su dominación a través del lawfare, cooptando los órganos e instituciones del Estado y colocándolas a su servicio.

Esta situación conlleva un serio riesgo para nuestro país, debido a que entramos en un circuito de inestabilidad política, que tiene como una de tantas consecuencias el deterioro de la gobernanza, materializado en el incremento de los productos de la canasta básica, la inseguridad laboral, el incremento de las acciones del crimen organizado y el temor de los inversionistas nacionales y extranjeros.

📷 Fernando Chuy

Obviamente se desacelera el crecimiento económico, se ralentiza el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la migración hacia el norte mantiene su incremento gradual provocando desequilibrios socioeconómicos y políticos al interior del país.

Los guatemaltecos estamos asistiendo a una nueva clase de confrontación por el poder, la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales. Tenemos muchos ejemplos de ello, pero con las acciones más recientes del Ministerio Público y del Organismo Judicial, podemos esperar cualquier cosa, contra cualquier ciudadano y ese es un grave augurio.

No es posible que se encause una investigación penal por el simple hecho de expresar una opinión en una red social, así tampoco es legal que se persiga y procese a una persona por salir en una fotografía apoyando un movimiento social, como ha ocurrido contra 6 ciudadanos acusados por usurpación y depredación de bienes y supuestamente, por liderar la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac), en 2022, por parte de estudiantes que rechazaban las anomalías en la elección a rector, así también, solicitar el antejuicio contra un diputado de la actual legislatura por utilizar telequinesis para la toma del campus central de la Usac.

El lawfare es un término que aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”, (Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie). El primer estudio político sobre el término fue realizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center. En ese trabajo, Dunlap definió el lawfare como “el uso de la ley como un arma de guerra”.

De acuerdo con lo expresado por Luis Almagro el 27 de abril de 2023 y que encuadra con el neologismo lawfare: “Lamentablemente, nos ha tocado ser testigos -de forma excepcional- de cómo los regímenes autoritarios buscan amordazar a los pueblos, quebrarlos y mantenerlos en la miseria, pero, asimismo, de muchas otras diversas formas de ataques a la democracia. Obviamente, el encarcelamiento de opositores rompe el tejido social, acrecienta y ensancha las diferencias, polariza y radicaliza las posiciones políticas, obstaculizando la existencia de acuerdos mínimos que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos”.

El pacto antidemocrático que se aferra a mantener el poder absoluto, con sus acciones violatorias a la Constitución Política, demuestra su clara intención de tener al Organismo Ejecutivo que asumirá a partir del 14 de enero de 2024, en un estado de sometimiento despótico, esta condición, debido a que en nuestra débil democracia desapareció el principio republicano de pesos y contrapesos y el próximo año el restante aparato del Estado será un feroz opositor.