Alejandro Giammattei visitó Nueva York para participar en el 78° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su última participación ante la ONU, notó la silenciosa censura internacional al desempeño en su administración. Buscó reunirse con grupos religiosos afines a su gobierno, como la Coalición de Organizaciones Internacionales Judío-Americanas y con la Alianza para la Cooperación Global. Ante ellos, Giammattei reiteró el compromiso de Guatemala y su gobierno para la protección de “la vida, la familia y la libertad religiosa”. Argumentos que buscan apelar a la religiosidad de sus aliados y de los guatemaltecos.
En una situación por demás incómoda, asumió una visible distancia de las acciones antidemocráticas e ilegales, asumidas por el Ministerio Público, como la judicialización del proceso electoral. Esas acciones fueron criticadas por organizaciones nacionales e internacionales como el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por lo que sucede en el país. También se puede percibir por lo expresado por mandatarios del continente. Ignacio Lula da Silva presidente de Brasil, alertó: “en Guatemala hay riesgo de un golpe” que impediría la investidura de Bernardo Arévalo. El brasileño pidió a la comunidad internacional unirse para “velar” porque se preserve el Estado de Derecho y la Democracia en Guatemala. El presidente de Argentina, Alberto Fernández expresó ante la Asamblea, que ve “con preocupación lo que está sucediendo en Guatemala”.
Giammattei, percibe el peso de la comunidad internacional, ante sus políticas erráticas y autoritarias, y durante el proceso electoral utilizando las instituciones de justicia y los poderes del Estado. En sus últimas apariciones como presidente de la República, quiere quedar ante la historia como un gobierno democrático. Ha pregonado su disposición de realizar un proceso de transición gubernamental con las autoridades electas y que entregará la presidencia, respetando la alterabilidad del poder y el proceso democrático celebrado, respetando la voluntad popular de los guatemaltecos emitida en las urnas. Sin embargo, el MP continua con sus acciones judiciales represivas, contra Semilla, contra el Tribunal Supremo Electoral y, sobre todo, contra la voluntad de los ciudadanos.
Son declaraciones, demagógicas. El país, forma parte de la comunidad internacional, con principios, derechos, pero también grandes obligaciones. Que esa comunidad, ha señalado las violaciones al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos y las acciones dictatoriales impulsadas por el Pacto de Corruptos, con el aval del Ejecutivo. Giammattei señaló ante la ONU, que el proceso electoral estuvo marcado por “acciones de injerencia internacional innecesarias”.
Se recordará que el gobierno invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que fuera observador de las elecciones. Esta conoció de primera mano, los vicios que se cometieron durante el proceso. Por esa razón, no existe injerencia en los asuntos internos del país. Esos argumentos de la derecha fascista son los de siempre, como cuando el país fue señalado por la comunidad internacional, por crímenes de lesa humanidad y el genocidio. También fueron utilizados como argumento por Jimmy Morales, para expulsar de Guatemala a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de manera unilateral
Según el acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y la ONU, la Cicig, vino al país para apoyar, fortalecer y contribuir con las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs). También, judicializar cualquier otra conducta delictiva conexa con estos y la eliminación de sus estructuras. Con ello, se le ató las manos al crimen organizado, que tiene cooptado al Estado, por ello la expulsaron. La Cicig, dio golpes demoledores a varias estructuras criminales enraizadas dentro de las organizaciones del Estado que jamás habrían sido investigadas, evidenciadas y enjuiciadas.
Guatemala autorizó a la Cicig a participar en los asuntos internos del país, en eso consiste el Acuerdo, para eso se negoció con la ONU, por lo que no es cierto que se haya extralimitado en sus funciones, en todo caso, las cumplió. Tampoco es válido que, con un falso nacionalismo, se acusó a la Cicig de amenazar la soberanía nacional. El Canciller y Giammattei en sus declaraciones, recurren a esos argumentos, por lo tanto, no es cierto que los observadores de la OEA, ni la comunidad internacional con sus críticas, hayan violado el Derecho Internacional
