El Ministerio Público es un desmadre 🏛️ 💥

Desde que asumió la actual Fiscal General todo empezó a ir mal. La rotación de fiscales se sucedía a diario. Los usuarios se topaban con cambios inesperados de auxiliares fiscales y miles de casos eran enviados a fiscalías liquidadoras con la orden de desestimarlos para luego presumir con datos estadísticos de eficiencia.

Jimmy le dio el beneplácito por primera vez a la Fiscal, después de negociaciones con personajes obscuros, inescrupulosos y transeros. Eran los mismos que estaban siendo investigados por la FECI en el caso “Comisiones Paralelas 2020”. Por eso, dicho caso ha sido desmantelado y los acusados absueltos.

Entre Jimmy y Giammattei hubo contubernio para protegerse de la persecución penal. Al principio, hicieron la pantomima de estar distanciados, lo mismo que con Sandra, quien desde el inicio pactó la presidencia del PARLACEN para su hija y otros beneficios en el Congreso, la ANAM y plazas en los ministerios.

Los ex ministros del MIDES y MAGA repartieron entre los alcaldes millones en vales para sistemas de riego y víveres; materiales de construcción y herramienta agrícola. Nadie sabe y nadie supo quiénes recibieron las ayudas que fueron entregadas a los alcaldes de varios partidos aliados a Giammattei para que ganara las elecciones, porque desaparecieron los registros de beneficiarios. Los dueños de las abarroterías y ferreterías que cambiaron los vales fueron, en su mayoría, familiares de los diputados, alcaldes o cercanos de los COCODES. Parte del dinero fue a parar a manos de candidatos y se utilizó para la campaña electoral de 2019.

Cuando Giammattei llegó al poder, todo su discurso anticorrupción quedó en el olvido. La señora Fiscal se negó a investigar los hechos delictivos de los exfuncionarios de Jimmy. En cambio, luego de recibir la queja desde un despacho ministerial sobre posibles actos de corrupción, corrió presta a darle la queja al Presidente y engavetó la denuncia. También la Contraloría fue alertada de las anomalías, pero algunos exfuncionarios se encargaron de borrar toda evidencia para no ser perseguidos. Desaparecieron los libros y toda información que pudiera servir de prueba.

Desde entonces, se tuvo conocimiento del contubernio entre el MP y el Ejecutivo. Pero, lejos estábamos de comprender el alcance de esa componenda llamada “pacto de corruptos”, hoy convertida en una alianza criminal para desfalcar al pueblo de Guatemala sin temor a ser perseguidos por un Ministerio Público complaciente.

Desde el 2020, la Fiscal General implementó una política de terror adentro del edificio de Gerona. El miedo al despido se ha hecho realidad para muchos fiscales con años de experiencia. Sus familias quedaron en estado de indefensión, al no poder llevar el sustento a sus hogares luego de dejar su vida en la institución.

El Sindicato del MP aceptó un pacto colectivo por medio del cual obtuvieron aumentos salariales a cambio de autorizar a la Fiscal la “remoción” de todo el personal considerado de confianza. Se utilizó esa figura para evitar que los empleados pidieran la reinstalación. Estos despidos injustificados se utilizaron para destituir a los fiscales de más alto rango que trabajaron de la mano con Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.

Fuentes internas aseguran que hubo reuniones con abogados de Sinibaldi y Gustavo Alejos antes de separar de sus cargos a quienes llevaban los casos más emblemáticos de la FECI. No es ningún secreto que esos casos se han ido cayendo y el MP no apeló las resoluciones, permitiendo que los delincuentes regresen campantes a sus casas.

Entre el 2022 y el 2023, se han removido a cientos de fiscales anticorrupción. En consecuencia, muchos expedientes se han extraviado porque no pasa un mes sin que los trasladen de oficina, de fiscalía y hasta de edificio. Los usuarios, desesperados, no encuentran justicia en este desmadre que han creado para reestructurar, desaparecer o entrampar sus casos. Algunos fiscales han renunciado a los pocos días de haber sido contratados pues no soportan las presiones, la inestabilidad y el caos interno.

La certeza jurídica está en riesgo, cuando vemos que se está utilizando al ente fiscalizador para impartir impunidad. El Ministerio Público es un desmadre, gracias a una madre putativa que tiene al país de cabeza.