El 20 de octubre es una fecha histórica para el nacimiento de la democracia en Guatemala. Es de sobra conocido cuál fue el final de esa primavera en la historia. Las reformas capitalistas que se propuso impulsar el gobierno revolucionario, no podían pasar, porque la oligarquía terrateniente temió que estas eliminarían su poder económico y sus privilegios políticos. Junto con el imperialismo norteamericano las consideraron comunismo y no estuvieron de acuerdo con las conquistas sociales, por lo tanto, había que eliminar ese atrevimiento impulsado por el pueblo de Guatemala. La revolución fue destruida por medio de una invasión mercenaria, planeada, organizada y ejecutada por la CIA, teniendo como aliados a los dictadores de la época, que gobernaban países de Centroamérica y el Caribe.

Desde entonces se quedaron gobernando por 70 años, con las mismas políticas hegemónicas, represivas, y con métodos antidemocráticos que han ido modificando con los avances tecnológicos y políticos de los últimos tiempos. Pero en esencia son los mismos oligarcas que también han evolucionado, integrados en nuevas corporaciones económicas nacionales y extranjeras, con nuevos métodos y técnicas de producción, con nuevas empresas bancarias, pero siendo los mismos agiotistas hambreadores de siempre. Las empresas y las mejores tierras de Guatemala, ahora son explotadas por sus nietos y bisnietos, pero sin variar la propiedad sobre las mismas. Son los mismos que destruyeron los 10 años de primavera en Guatemala, y que ahora se oponen a cualquier cambio político-económico en el país, sin permitir que otros sectores sociales, les arrebaten esa hegemonía.

📷 María José España

Lo que no ha variado es el discurso utilizado en 1954, el cual es utilizado para atacar cualquier manifestación democrática o tan siquiera progresista, que pretenda algún cambio en el país. De esa manera son dueños del Estado y sus poderes creados por ellos que utilizan a su conveniencia, de su sistema político-económico, de sus instituciones de seguridad y defensa, de sus leyes y de sus relaciones internacionales. Es una forma de dictadura, donde el Ejército, de momento no es la figura central, pero lo tienen “en apresto”, por si algo saliera mal. Mientras tanto, le siguen buscando “qué hacer”, porque el conflicto armado terminó hace 27 años y por de pronto, nadie amenaza la existencia de ese Estado, ni la soberanía del país.

Ahora tienen como aliados inmediatos al crimen organizado y la narcoactividad, que dirige muchas ramificaciones dentro del mundo del hampa y que se extiende dentro de las esferas e instituciones del Estado.  Los narcos han ganado autoridad política, asumiendo el control de muchas comunidades, manejando las fuerzas de seguridad locales y sustituyendo a las autoridades de los alcaldes y gobernadores, para garantizar el éxito de sus operaciones. A nivel nacional tienen representantes en todas las instituciones gubernamentales. En todo caso se mantiene la farsa gubernamental de victorias ocasionales contra los narcos, cobertura mediática y todo. Esto para congraciarse con las agencias de seguridad internacionales, que combaten el narcotráfico.

La estructura política, económica y social en Guatemala, no ha variado. Se mantiene dentro del control del Estado y no lo perderán por ningún motivo.  Esa estructura, se ha perpetuado en el control del Estado y creó el actual Pacto de Corruptos, para consolidar su dictadura, y no permitir cambios de ninguna naturaleza. En una negociación, son los sectores populares los que deben ceder ante la imposición y las exigencias de los poderes del Estado oligárquico. Utilizarán todas medidas represivas a la mano, así como utilizarán estratagemas para engañar al pueblo, mientras imponen sus propias medidas políticas. Ellos crearon la actual crisis, y el MP, es solo una cortina de humo, como Consuelo Porras, Curruchiche y Orellana son marionetas en manos del gobierno. Pero detrás se esconde que la causa de la actual situación, no son las figuras visibles, es su sistema que se impone sobre toda la voluntad popular, burlándose de sus instituciones y prácticas democráticas. El MP pide la cabeza de todos sus detractores, pero el gobierno no elimina a sus títeres. Las instituciones de justicia piden reprimir las manifestaciones de la población, para que de manera “legal” se criminalicen sus demandas y se reprima con la fuerza pública.

La utilización de gente armada, como dice el gobierno, proviene de “diversos sectores” contra las manifestaciones. Ello es solo una provocación para justificar la represión y esconder sus propias fuerzas. Solo los narcos y las fuerzas de seguridad, mantienen gente armada. Es una fuerza que se podrá utilizar en caso, que el pueblo transforme su resistencia pacífica por otros medios, como sucedió dentro del Conflicto Armado. No se olvide que el Estado monopoliza el uso de la fuerza, con la que ha sostenido los últimos gobiernos.