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El proyecto contrainsurgente se mantiene vigente 🏛️ 🎖️

A pesar de que en 1985 se aprobó una Constitución avanzada, el proyecto Contrainsurgente se mantiene vigente. Ello se ha convertido en un obstáculo para consolidar un verdadero sistema democrático, establecer los principios y derechos de los guatemaltecos y la organización jurídica y política del Estado de Guatemala. Tomando en cuenta que la constitución es la ley fundamental y más importante a cuyo alrededor giran todas las demás leyes de la república, aún representa la voluntad política del poder económico convertido en ley.

La contrainsurgencia fue producto de la aplicación de una estrategia político-militar, dentro de  la Guerra Fría. Estados Unidos, consideró que cualquier país del continente, que cayera en manos del comunismo, representaba una amenaza para su seguridad, por tal razón diseñó y aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, DSN. De esa cuenta, las dictaduras militares y los gobiernos de extrema derecha fascista, fueron fieles representantes de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Para lograr la seguridad nacional se consideró que era necesario el control militar del Estado.  El Artículo 244 de la Constitución, ordena al ejército a cumplir funciones de seguridad interna. De esa cuenta, el ejército cumplió funciones de “policía política”, mediante la cual se persiguió y se masacró a la población. Se constituyó en el principal instrumento, para la aplicación del Terrorismo de Estado, por medio del cual se cometieron excesos y el desborde militar sobre la sociedad, convirtiéndolo, en una fuerza de ocupación de su propio país.

📷 Esteban Biba

El hecho que las fuerzas armadas cumplan otras funciones ha sido contraproducente, porque inhibe el fortalecimiento de las instituciones especializadas en la seguridad interna. La inteligencia Civil y la Policía Nacional Civil, deben cumplir con la misión de enfrentar amenazas internas y también el Crimen Organizado, que se expresa en actividades ilícitas como la corrupción que coopta al Estado, la narcoactividad con todas sus manifestaciones, el tráfico de personas, de armas, y la delincuencia entre otras. La existencia de esas amenazas, demandan una respuesta de fuerzas especializadas de seguridad, no necesariamente militares. Un tratamiento integral de estas amenazas parece deben ser tratadas a partir de la Agenda de seguridad del Estado, que dé prioridad a intereses nacionales de la sociedad y no de una Agenda de Seguridad impuesta desde el exterior y que responde a necesidades ajenas a los intereses nacionales.

Existe ahora mayor conciencia sobre que las funciones de defensa son diferentes de las funciones de seguridad interna.  Las funciones militares se deben rediseñar dentro de las políticas de Estado, para definir las nuevas misiones militares en el contexto de la democracia. En todo caso, lo que le corresponde a la institución castrense, ahora y en el futuro es la defensa de la nación.  La Constitución le asigna al Ejército una serie de funciones que van más allá de la naturaleza para la cual fue creado, cuando las únicas serían las de Defensa Nacional y Seguridad Exterior.

La Ley de Orden Público, LOP, que tiene rango constitucional, reglamenta los Estados de Excepción. También formó parte de la estrategia Contra-insurgente y fue una herramienta utilizada por el Estado para mantener por la fuerza el control político sobre la población, permitiendo al ejército, asumir funciones políticas y de seguridad nacional, a la vez que suspendía las garantías constitucionales a la población. Los gobiernos militares utilizaron principalmente el Estado de Sitio, para mantener por la fuerza el control político sobre la población, al no lograrlo por el consenso y voluntad popular. Los últimos tres gobiernos, al fortalecer al ejército y militarizar las instituciones del Estado, lo ubicaron  de nuevo alrededor del presidente de la República, en la toma de las decisiones políticas del Estado. Han reanudado su ideario político militarista y contrainsurgente, es legal, la constitución lo ampara. Se ha regresado a las prácticas antidemocráticas, propias del régimen semi-feudal del cual la oligarquía no termina de salir.

En varios artículos de la LOP, se remiten a la Constitución y al consultarlos, no tienen ninguna relación. Sucede que se está remitiendo a la constitución de 1956 y no a la vigente de 1985, demostrando su ilegalidad. Esta ley a pesar de estar vigente, no es legítima. Su problema es que no corresponde al momento político actual y sobre todo, en una sociedad que transita hacia la democracia. Es una ley que corresponde a la etapa y prácticas antidemocráticas de los gobiernos  contrainsurgentes y en la actualidad no tendría razón de ser. Les da libertades a los gobiernos fascistas a decidir a su antojo, ha permitido la cooptación de los poderes del Estado, se elevan los niveles de corrupción, se manosea el Estado de Derecho y se está por encima de la propia Carta Magna, la actual crisis política lo demuestra.

Arnoldo Villagrán

Arnoldo Villagrán (Guatemala, 1948). Profesor universitario y consultor independiente. Politólogo egresado de la Universidad de San Carlos.

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