Los niveles de violencia continúan incrementándose de forma alarmante en el país. Los motivos son múltiples así como los grupos que la utilizan, así que cualquier agresión, no se sabe con certeza de dónde proviene, si se trata delincuencia común, es obra del crimen organizado enquistado dentro de los poderes del Estado o bien son acciones de las pandillas que proliferan en todas las zonas de la capital, así como en los departamentos.

📷 Danilo Ramírez

Prácticas que se utilizaron durante el Conflicto Armado Interno, como los Escuadrones de la Muerte, han reaparecido, y desde luego, están vinculados con las dependencias más oscuras del sistema de justicia, o de las fuerzas de seguridad y defensa. El asesinato de Luis Alberto Chacón Alvarado, alias “Güicho Veneno” es solo una muestra de esta afirmación. Este narcotraficante fue capturado y liberado en el marco de un proceso judicial que deja muchas dudas, así como la identidad de sus agresores.  Pero también ocurrió dentro de la Cárcel de Pavón, cuando un “comando” ingresó a ese centro de detención y delante los guardias de presidios, asesinaron a Byron Lima, porque sus declaraciones públicas y su autoridad dentro de presidios era incómoda para las autoridades de seguridad.

De la misma manera, un 26 de abril, hace 25 años, fue ejecutado extrajudicialmente el obispo Juan José Gerardi Conedera. Dos días antes había presentado el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala: nunca más. La investigación del asesinato por parte del gobierno, se convirtió en un show político, donde hasta un perro fue señalado como el agresor.  Todo eliminaba las evidencias, para desvanecer las acusaciones que apuntaban al Gobierno. Sin embargo, para todos estaba claro de dónde provenían los autores de este crimen que daba continuidad a las violaciones y crímenes de guerra, que el mismo documento trataba de evidenciar.

Se ha visto que dentro de la pugna entre las bandas que trafican drogas, se produce una lucha por apoderare de las plazas por medio de las cuales, venden su droga y van acrecentado el narcomenudeo. Las estructuras que movilizan la droga por el territorio nacional, han ganado autoridad política, estos han asumido el control de muchas comunidades. Además de manejar las fuerzas de seguridad locales, sustituyen la autoridad de los alcaldes y gobernantes. A nivel nacional tienen representantes en el Congreso de la República, en las instituciones del Estado principalmente dentro de las fuerzas armadas, policiales y en el gabinete de Gobierno.

Agentes de seguridad del Estado, garantizan el control del manejo de aduanas, fronteras y algunos aeropuertos, donde tienen colocada a su gente, garantizando el libre paso de la droga. La guerra contra los narcos es inexistente en Guatemala. No se necesita, la razón: los narcos se encuentran dentro de las estructuras del Estado, y estos no se pondrán a luchar contra sí mismos.  En todo caso mantienen una farsa de combate al narcotráfico con victorias ocasionales, para congraciarse con las agencias de seguridad internacionales.

El control político de los narcos en el Estado, es utilizado con el propósito de poder transitar libremente por la red vial nacional, con la debida seguridad y resguardados por las autoridades guatemaltecas.  Ello constituye una fortaleza política, porque cualquier estrategia que se elabore para destruirlos, inmediatamente es conocida por estos y toman las medidas necesarias para neutralizarlas. Además, el narco dispone de muchas ramificaciones dentro del mundo del hampa y estas se extienden dentro de las esferas e instituciones del Estado; dentro de empresas privadas, comerciales, industriales y financieras. El narco maneja grandes capitales, con gran capacidad de inversión y gran cantidad de información, llegando incluso a cometer ciberdelitos.

Guatemala, como puente del narcotráfico, ha permitido el paso de cientos de toneladas métricas de cocaína año con año. Esto, por la ausencia de una verdadera política y estrategia elaborada contra esta amenaza. En el país se produce el lavado del dinero procedente del narco, utilizando empresas de fachada y también en el sistema bancario. Guatemala constituye además un paraíso fiscal, donde sus ganancias están aseguradas, sin que medien restricciones, a menos que no se tenga la venia de las autoridades.

Por todas estas ventajas, los narcos utilizan el territorio nacional como base de operaciones, un sistema de seguridad ineficaz y la facilidad para manejar a las instituciones gubernamentales. Esa plaza les ha representado ganancias de miles de millones de dólares, por tal razón no será tan fácil abandonarla. Será disputada con sangre y fuego, a partir de comprar presidentes, ministros, diputados, alcaldes, las autoridades locales, y las instituciones de seguridad del Estado, tal y como lo han venido haciendo desde hace décadas.