El ahora presidente Bernardo Arévalo, dirigió el proyecto «Hacia una política de seguridad para la democracia» (conocido también como Polsede). Se esperaría que todo lo investigado y propuesto en ese ejercicio académico, sea llevado a la práctica por su gobierno. En este proyecto se establecieron los parámetros y conceptos de la Seguridad Democrática. Esta indica “la condición de bienestar que se genera por la acción de desarrollo que promueve el Estrado y la definición de políticas de desarrollo cuyas medidas específicas están destinadas a procurar la condición de bienestar”. Se refiere que con las políticas de desarrollo promovidas por el Estado, se debe  alcanzar mayores niveles de bienestar, que se reflejarán en mejor educación, salud, empleo, desarrollo económico, infraestructura, comercio internacional, etcétera, lo cual crea mayores niveles de bienestar para la población.

Todo ello crea condiciones objetivas para evitar el crecimiento de la violencia, la creciente delincuencia y enfrentarlos de manera sistemática y científica. Ello no excluye las operaciones que deben impulsar las fuerzas de seguridad contra las actuales amenazas como el crimen organizado que tiene copado al Estado, así como  la narcoactividad y delincuencia común como amenazas a la sociedad. El poder coercitivo es un recuso de dominación del Estado, el cual se debe utilizar frente a las amenazas reales y potenciales.

📷 David Toro

La Seguridad entonces no solo es problema de policías, cárceles y soldados, la seguridad se obtiene cuando todas las instituciones del Estado trabajan, para alcanzar los propósitos de desarrollo para los cuales están diseñadas. Todo, dentro del sistema político, logrando el bienestar para la población. Las instituciones del Estado se erigen en función de los intereses colectivos de la sociedad. El Estado existe para la sociedad, y no a la inversa.

La Seguridad es una de las funciones básicas del Estado.  Es la capacidad de dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas o vulnerabilidades, y estar preparados para prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos. La política de seguridad es una política de Estado, que tiene por finalidad orientar la selección, preparación y utilización de los medios del Estado, para la obtención y mantenimiento de la seguridad nacional; tanto en el plano interno como en el externo.

El término de seguridad humana, fue debatido en el seno de la ONU. Los Acuerdos de Paz, la mencionan como seguridad integral y el Tratado marco de seguridad democrática en Centroamérica, la califica como seguridad democrática. Los tres conceptos indican: que las políticas de seguridad de un Estado, deben girar en torno al ser humano. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), impuesta por Estados Unidos durante la Guerra Fría, planteaba que el Estado debía ser el centro de la política de seguridad, que frene a amenazas externas, esto aseguraba su supervivencia, o más bien su sistema político. Consideraba a la población como el “enemigo interno” y por lo tanto esta debía ser eliminada. Esta situación se produjo durante el Conflicto Armado, con las violaciones a los Derechos Humanos y el genocidio por parte del Estado.

La seguridad democrática, considera que las políticas del Estado en materia de seguridad, deben girar en torno a la población, la cual constituye el bien a defender. Que la seguridad ciudadana, es el derecho de los integrantes de la sociedad de desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes. Las amenazas y los desafíos a la seguridad,  constituyen problemas complejos.  Las respuestas deben ser interdisciplinarias e interinstitucionales, con lo cual se construye un sistema,  interactuando de manera coordinada, para enfrentarlas. Que en un proceso democrático, se establecen los mecanismos operativos para responder a todo tipo de amenazas.

📷 David Toro

La seguridad no se debe improvisar, requiere conocimiento y diagnósticos del fenómeno a enfrentar, la inseguridad. Ello requiere planificación, organización y ejecución de estrategias utilizando los recursos del Estado y sus fuerzas de seguridad: las agencias de inteligencia, la Policía Nacional Civil (PNC), la investigación policial, el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), como parte del sistema nacional de seguridad. No basta con saber teóricamente como actúa el delincuente y los altos niveles de violencia, se deben llevar esos conocimientos a la práctica, demostrando experiencia operativa para obtener resultados positivos.

Para enfrentar esas amenazas, se debe interactuar con todo el sistema y no lo que ahora se está haciendo; lanzando amenazas a los delincuentes y a sus propios policías, o, abusando de los medios de comunicación, dando declaraciones, para supuestamente infundir miedo o, demostrar autoridad. Lo que se logra son burlas por parte de los propios delincuentes, que ven palabras y no hechos, que además, no ven nada novedoso sino más de lo mismo. Se logra el  irrespeto y desconfianza por parte de la población, al ver frustrada la posibilidad de combatir las extorsiones, el sicariato, la delincuencia y los altos niveles de violencia que sufre la sociedad. Guatemala es un país, sobre diagnosticado, se conocen los problemas. Hay que dejar de filosofar y teorizar sobre la seguridad, hay que ponerla en práctica hoy.