Ellos deciden en última instancia, quién participa o no

La Ley Electoral, teóricamente garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en las elecciones generales, aplicando de esa manera el principio democrático de elegir y ser electo. Las restricciones para la no participación de algún partido político, también son muy claras. Sin embargo, en nuestro medio, la interpretación de las normas, incluyendo a Constitución Política de la Republica es antojadiza. Esto dependiendo de los intereses de los grupos dominantes, el actual Pacto de Corruptos, el irrespeto a la separación e independencia de poderes del Estado, la eliminación del Estado de Derecho y la Justicia, la persecución a la oposición y a la prensa, y la cooptación del Estado por parte de las Mafias y el Crimen Organizado, lo cual indica que se está ante una nueva forma de dictadura.

Estos son quienes deciden en última instancia, quién debe participar o no, sin importar si tiene impedimentos legales. Imposibilitan la participación de quienes consideran una amenaza que los puede desplazar y terminar los privilegios creados en su propio sistema. Es un temor creado, por constituir fuerzas políticas que han demostrado contar con un mayor apoyo popular, dentro de los cuales se encuentran las comunidades más olvidadas por el Estado, los sectores indígenas y los trabajadores del campo. Estos con sus demandas y reivindicaciones impulsadas por medio de sus organizaciones sociales construidas durante sus luchas, constituyen las mayorías, que tienen la posibilidad de producir cambios sustanciales en el sistema político-económico del país. La debilidad de los partidos tradicionales consiste en comprar voluntades y construir artificialmente sus afiliados y bases en las áreas urbanas, por lo tanto, constituyen grupos que no conocen el país, ni sus más sentidas reivindicaciones.

Los que siempre se oponen a la participación de fuerzas legitimadas por la población mayoritaria, son la derecha fascista, las oligarquías tradicionales y el Capital Emergente, se resisten a perder los privilegios que les ha proporcionado un Estado que funciona en su beneficio. Estas fuerzas tienen sus representantes en grupos, comités y organizaciones, dentro de las que se destaca la Fundación Contra el Terrorismo, el CACIF, la CONAGRO y demás sectores empresariales. Estos grupos manejan las fuerzas de seguridad quienes ejecutan medidas represivas contra las organizaciones populares, que son señaladas de alterar el orden público, criminalizando sus demandas sociales.

Constituyen fuerzas de amplia trayectoria antidemocrática, herencia del partido de la violencia organizada, y las fuerzas paramilitares que, asesinando a miles de guatemaltecos, quisieron detener el avance de un régimen democrático y de bienestar. Estas fuerzas diseminadas en todas las instituciones gubernamentales, orientan a determinados agentes a su servicio, para ejecutar tal o cual medida represiva o colocan obstáculos para que no se produzcan procesos en beneficio de las mayorías de la población. De esa manera se denunció al anterior PDH, Jordán Rodas, quien fue nominado como candidato a la Vicepresidencia, de Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, MLP. Se lo acusa de no contar con el finiquito correspondiente para ser candidato, un argumento artificial y antojadizo. El Tribunal Supremo Electoral, TSE al aceptar el argumento, se sumó a la acusación rechazando la inscripción del binomio presidencial de dicho partido. Pero según se observa, no existe una razón legal o jurídica para ese rechazo. La resolución del TSE, cobró vigencia y los candidatos presidenciales del MLP no podrán participar en el proceso electoral. Revertir esa medida puede tardar mucho tiempo, y mientras tanto, se pueden celebrar las elecciones, por lo que el daño ya está hecho. Otros candidatos con verdaderos impedimentos legales y constitucionales, ya fueron inscritos, demostrando que las leyes importan poco, y que las intenciones de los grupos de poder inciden a su sabor y antojo dentro del sistema político guatemalteco, con lo cual se ha eliminado la democracia.

Aunque ese no es el fondo del problema, la verdadera intensión consiste en no dejar participar a esa gran fuerza política, de “indios”, como ellos le llaman, que en las encuestas políticas se encuentra en los primeros lugares con la intención de voto. Puede que esa medida antojadiza, provoque un rechazo en la ciudadanía por esa medida arbitraria y repiense su participación en las elecciones, lo cual puede generar apatía y hartazgo, por el manejo caprichoso y clientelar del proceso electoral. Lo que el TSE y sus aliados no han previsto, son las reacciones de esa gran población, que se ha movilizado en repetidas oportunidades contra las arbitrariedades gubernamentales, como contra los grupos del poder económico. Esas reacciones son imprevisibles y se pueden desbordar como sucede en algunos lugares del Cono Sur.