Ahora se conocen las intenciones de utilizar al Ejército para impedir la posibilidad real del triunfo de Bernardo Arévalo, como presidente. La derecha fascista no se quedará de brazos cruzados, viendo que pierden el control político del Estado, pero tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia. De acuerdo a ello, se hace necesario que se conozca lo que representaría la institución castrense dentro de una política autoritaria y dictatorial y lo que se esperaría gobernando de nuevo el país. El proyecto Contrainsurgente aún se encuentra vigente en la Constitución Política de Guatemala, también en algunas instituciones y leyes, para que la institución armada se desempeñe para lo cual no se encuentra preparada, así como funciones políticas que no le corresponden.

Las funciones que la Constitución asigna al Ejército:  Artículo 244. Integración, organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. De acuerdo a esto, el ejército puede cumplir funciones de “Seguridad Interna”, que, durante la guerra, lo transformó en una “policía política”, legalizando la represión y violación a los Derechos Humanos.

Según Los Acuerdos de Paz, considerados Acuerdos de Estado, “la misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. El hecho que las fuerzas armadas realicen otras funciones, es contraproducente porque inhiben el fortalecimiento de las instituciones especializadas en la Seguridad Interna. La Policía Nacional Civil y la Inteligencia Civil, deberían cumplir con la misión de enfrentar amenazas, como el Crimen Organizado, la narcoactividad, las pandillas, la delincuencia común entre otras. La seguridad no es competencia de los militares, y no están capacitados para ello.

Si en el actual momento cambiaran las condiciones políticas, por la imposición de un Estado Autoritario, como el que pretende la derecha fascista, la contrainsurgencia vigente y la utilización del ejército para mantener el control político, sería legal, se los autoriza la Constitución.  También la Ley de Orden Público, LOP, que tiene Rango Constitucional, y que reglamenta los Estados de Excepción, formó parte de la estrategia Contra-Insurgente durante la guerra. Cuando la LOP, hace referencia a algunos artículos de la Constitución, se refiere a la Constitución de 1965, y porque la LOP no fue reformada. Esta fue una herramienta usada por el Estado para mantener por la fuerza el control político sobre la población, y aún es utilizada.

Los gobiernos militares utilizaron el Estado de Sitio, para mantener por la fuerza el control político sobre la población, al no poderlo lograr por el consenso y voluntad popular. Al aplicar Estados de Excepción, el ejército asumió funciones políticas por sobre el propio gobierno.  La LOP es legal, porque está vigente, pero no es legítima, porque no corresponde al momento político actual, donde la sociedad y el Estado transitan hacia la democracia. Es una ley que en la actualidad no tendría razón de ser, pero ha servido a las últimas administraciones para imponer el control político sobre la sociedad. Se debe reformar o cambiar esta ley de la guerra, período que permitió al ejército, asumir funciones políticas y de seguridad nacional.

El Ejército no representa el honor de la nación. La sociedad se representa, a sí misma, a través de los mecanismos legítimos ciudadanos.  El honor militar fue un concepto vacío de contenido moral y ética, compatible con la práctica de la tortura, el exterminio de población civil y su ejecución arbitraria.  También la disciplina y el espíritu de cuerpo, integraron valores castrenses, interpretados según la conveniencia política del Estado Contra-Insurgente. Aseguraron la impunidad de la institución, situación que aún se refleja en la actitud militar de no asumir su responsabilidad histórica.  De esa cuenta el ejército se ha negado así mismo su modernización, y servir a un Estado Democrático y no a la oligarquía, que lo ha utilizado y desechado a su conveniencia.

La modernización del Ejército, exige una nueva actitud de los militares para con la sociedad. No se reduce únicamente a la adquisición de nuevos equipos y medios, o ubicarse a la vanguardia de las actuales tecnologías, para seguir haciendo lo mismo. Necesita fundamentalmente un cambio de mentalidad, acorde a los cambios democráticos del país, respetando a las autoridades legítimamente electas. La subordinación del Ejército es al Jefe de Estado, no por ser Comandante General del Ejército, que en la práctica no lo es.