El imperio de la impunidad

En Guatemala, las grandes oportunidades de desarrollo en beneficio de las mayorías, si no van dirigidas a favorecer a los sectores de poder económico, el ejército y a la clase política, son desechadas con argumentos grandilocuentes sobre violación a la soberanía, intervención extranjera en los asuntos internos, son criminalizadas o tienen sesgo político e ideológico. Así consideraron el papel que estaba jugando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.

Se recordará que el Estado de Guatemala, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su apoyo para que un ente internacional funcionara en Guatemala en la persecución de determinados delitos heredados del Conflicto Armado y que seguían afectando a la sociedad. De acuerdo con eso, el propio Estado de Guatemala, autorizó a este ente intervenir dentro de la aplicación de la justicia, por lo tanto, no vino a interferir en los asuntos internos de manera autoritaria y abusiva.

Tampoco la Cicig afectó la soberanía nacional, porque no vino a tomar decisiones políticas de Estado, sino apoyar, fortalecer y contribuir con sus instituciones encargadas de la investigación y la persecución penal,  los delitos presuntamente cometidos por Cuerpos ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que operan en el país.  También se planteó la persecución de cualquier conducta delictiva ligada con estos aparatos, y la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones, como la sanción penal a los participantes de los delitos cometidos.

Para determinar la existencia de estos cuerpos ilegales de seguridad, la Cicig no lo hizo leyendo recortes de prensa, sino participando dentro de las investigaciones y trabajo de inteligencia del Estado. La Cicig demostró que los principales enemigos de los cambios y de la justicia, estaban dentro de los mismos poderes del Estado, así como de un extenso grupo de actores ligados al poder económico y político.  De igual manera para la desarticulación de esos aparatos clandestinos, debió recurrir al apoyo del Ministerio Público (MP), y realizar la persecución penal. El funcionamiento de una comisión especial, no se podría realizar sin afectar los intereses de los capitales mal habidos por la explotación de la tradicional Oligarquía Nacional, del Crimen Organizado enquistado dentro de las estructuras del Estado. Sin afectar los intereses del narcotráfico y los narco-partidos, la derecha recalcitrante y fascista, y sin fiscalizar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Fue un logro de la Cicig, contribuir a fortalecer la conciencia ciudadana sobre la realidad de Guatemala. Hoy es una verdad aceptada, la existencia de toda una alianza dentro de los poderes del Estado que no desean el cambio, porque se benefician de eso. Esta tiene nombre: el Pacto de Corruptos, actores que hoy se regocijan con la salida de la Cicig, porque sin ningún temor, podrán cometer cualquier tipo de delito, incluso contra el propio Estado, sin que nadie los investigue, enjuicie o condene. El legado de la Cicig, fue trasladar capacidades técnicas al Ministerio Público. Por primera vez, los guatemaltecos, sin importar su poder político, económico, militar o criminal, comenzaron a temer a la ley, a temer a su aplicación, gracias en gran medida, al impacto que causó la Cicig en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Resulta incuestionable que el MP y la Cicig, con las pruebas en la mano, dieron golpes demoledores, a varias estructuras criminales que jamás fueron investigadas, evidenciadas y enjuiciadas. Lideró la investigación que finalmente encarceló a Otto Pérez Molina y también acusó al Jimmy Morales de financiamiento ilícito de campaña, así como la faltas y delitos cometidos por sus familiares cercanos, procesos que se interrumpieron por su expulsión del país.

Los ciudadanos reconocen que el tema de la corrupción es una realidad incuestionable enquistada en el Estado. Existe un clima de terror desde el gobierno y sus aliados a la labor de los fiscales y jueces que combaten la corrupción, muchos de ellos en prisión o exilados, por haber realizado un excelente trabajo, aplicando los métodos y conocimientos trasladados por la Cicig. Incluso, el propio presidente sigue hablando de impulsar la lucha contra la corrupción, aunque nunca asumió el compromiso de su erradicación, es más, se sumó a ella.

El país perdió una gran oportunidad de fortalecer uno de los servicios públicos esenciales, el obsoleto sistema de justicia, considerado como una de las más grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco. Ello por imponer un interés político, que tiene como indicador, que, en tres años, no han podido o no han querido reestructurar la cabeza del sistema, eligiendo a sus magistrados.