Desde diversos puntos del país, un grupo de campesinos se trasladó hacia la Ciudad de Guatemala, tenían como propósito reunirse con funcionarios del gobierno, hablar con periodistas y directores de medios de comunicación, reunirse con diversas organizaciones sociales, autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y con cuerpo diplomático.
Los campesinos fueron apoyados por un grupo de estudiantes de la Usac y por otros activistas sociales. No fueron recibidos por ninguna autoridad gubernamental, quienes, en lugar de brindarles apoyo, los acusaron de ser “comunistas” y “colaboradores de la guerrilla”.
Se reunieron con integrantes de diversas organizaciones sociales, pidieron cita con algunos diplomáticos, quienes los recibieron en sus instalaciones, uno de ellos fue el embajador de España, Máximo Cajal López, habiendo fijado la reunión para el 31 de enero de 1980.
Los campesinos llegaron hasta la embajada española a la hora acordada. Ya dentro de la sede diplomática, campesinos y estudiantes con el propósito de hacerse escuchar, informaron que ocuparían pacíficamente las instalaciones.
Detectives de la denominada policía judicial rodean la embajada española antes de iniciar el asalto.
Los campesinos venían de diversas partes del país, buscaban ser escuchados sobre la situación de pobreza, marginación, exclusión, explotación, pero sobre todo acerca de la serie de crímenes que integrantes del ejército de Guatemala venían cometiendo en todo el territorio nacional. En ese momento las milicias del Estado se habían constituido en una fuerza de ocupación de su propio territorio, considerando enemigo interno a cualquier persona que pensara diferente.
Ser considerado enemigo interno, constituía convertirse en potencial víctima del accionar de ese ejército violador de los derechos humanos, ello había provocado que se estuvieran produciendo cientos de masacres en diversos puntos del país. Estos hechos ocurrían sin que la opinión pública nacional e internacional se percatara de lo que estaba sucediendo en el país.
Lo que jamás imaginó persona alguna, es que la respuesta de un gobierno criminal, como el que en esos momentos administraba al Estado guatemalteco sería tan brutal. Un comando especial integrado de la Policía Nacional (PN), se dirigió hasta las instalaciones de la embajada de España y sin buscar el dialogo procedieron a arrojar bombas incendiarias al interior de las instalaciones diplomáticas, propiciando que 37 personas murieran calcinadas.
La masacre de la embajada de España marcaría la intensificación del terrorismo de Estado que dejaría al final como resultado, la desaparición forzada de 45 mil personas y la ejecución extrajudicial en actos individuales y colectivos de 150 mil más.
Constituye una necesidad urgente que se impulse como política estatal procesos encaminados a alcanzar la verdad y la justicia de todo lo ocurrido en el país en esos aciagos años.
Entierro de las víctimas de la masacre en la embajada de España en Ciudad de Guatemala.
