Autonomía no significa divorcio del Estado 👓 🇬🇹

El Ministerio Público (MP) forma parte del sistema nacional de seguridad y justicia del país.  Se interrelaciona con las demás instituciones de seguridad del Estado, coordinando sus funciones para alcanzar los objetivos  dentro de los intereses nacionales. De esa cuenta, contribuye a que el Estado cumpla con parte de sus funciones básicas, como garantizar la seguridad a la sociedad. Ello indica que existe un entrelazamiento de funciones de las instituciones, que se influyen recíprocamente, de modo tal, que cuando una de ellas sufre una variación, las demás padecen una transformación correlativa, que se manifestará de manera inmediata afectando el funcionamiento del sistema. Se logra entonces cohesión porque al estar unidos, forman parte de un todo, y si se separa de los objetivos del todo, se ve obligado a sufrir cambios. Al abandonar los objetivos trazados, no se llega a funcionar en beneficio de la población, que constituye una de las partes fundamentales del Estado.

El actual MP se ha salido de ese sistema y abandonó  los postulados y principios diseñados para que funcione el sistema. Se encamina a querer lograr de manera solitaria y dispersa, lo que la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, estableció.  Esto dentro del marco institucional, instrumental y funcional de que dispone el Estado, para hacer frente a los desafíos que se le presentan en materia de seguridad, mediante acciones de coordinación interinstitucional. El MP abandonó el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, el cual determina el conjunto de acciones que deben realizar las instituciones para lograr garantizar la seguridad de la población. Abandonó parte de los objetivos que garantizan el bien común que indica la Constitución Política de la República de Guatemala.

Consuelo Porras indica que el MP no está subordinado a ningún poder del Estado. Legalmente es así, pero no es legítimo, porque a todas luces ha perdido la visión y voluntad estratégica, del papel que el MP debe jugar, como parte del propio funcionamiento de la Seguridad y Justicia del Estado. Lejos de lograr el fortalecimiento de la institución que debe velar por la persecución penal, reduce las funciones del MP, al poder alcanzado por quien la dirige, por la alianza lograda con sus fiscales, con la Corte de Constitucionalidad y determinados juzgados, sujetos a políticas de sector. Debe garantizar su funcionamiento como una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. La autonomía del MP, se debe considerar un aspecto positivo, para desarrollar de mejor manera sus aspectos administrativos, para que se pueda autogobernar y se conduzca dentro  de los parámetros que le permitan garantizar sus actividades  en beneficio de la sociedad.

El problema es que esa autonomía de que goza el MP, es malinterpretada y vista como una independencia total y un divorcio con el Estado, al cual se debe y que le proporciona los recursos humanos, materiales y financieros para que funcione, como una institución del Estado. Se pierde de vista que sus acciones dentro del sistema, van a fortalecer las funciones su propia institución. El correcto funcionamiento del sistema y el fortalecimiento institucional contribuye a fortalecer la Democracia y el Estado de Derecho. Algo que el actual MP, dejó por un lado, al avalar acciones ilegales, particulares y de grupo, como son el fortalecimiento de la corrupción, la cooptación del Estado por las mafias, el narcotráfico y el Crimen Organizado. El MP, se burló de la voluntad popular, que le dio un voto de castigo, a las arbitrariedades, abusos y corrupción de los últimos gobiernos, de los cuales forma parte la actual Fiscal General.

En un acto de vulgar extorsión hacia el propio Alejandro Giammattei, este se vio forzado a nombrar a la Fiscal  para un segundo período, en contra del mandato de la CC.  De no ser así, Consuelo Porras  daría información sobre la serie de actos de abuso, delincuencia y corrupción del presidente y de su consorte. Pero también el presidente aprovechó la oportunidad de utilizar al propio MP y escudarse en él, para consolidar sus políticas autoritarias y elevar sus niveles de corrupción, y en acciones recíprocas con el MP, dejar hacer, dejar pasar. De esa cuenta, no se llevaron a cabo las investigaciones que llevarían al mandatario a perder la inmunidad o separarlo de la presidencia, y sobre todo, a comparecer ante los tribunales de justicia, para responder por sus delitos.

Las normas no le permiten al actual presidente de la República, destituir a Consuelo Porras, ni aunque le exija la renuncia. Se debe entender que el problema de fondo no es la Fiscal, sino los grupos de poder que la dirigen, ella es solo una marioneta en sus manos, la figura visible. Sin embargo, la cantidad de expresiones y demandas planteadas por los grupos sociales, la población en general, el Ejecutivo y la Comunidad Internacional pidiéndole la renuncia, debieran ser suficientes. Renunciar por principio ético, por pura dignidad, pero parece que son valores que no conoce, porque pesa el poder acumulado y los recursos a su disposición. Debe renunciar, porque se encuentra dentro de una nueva administración que no la necesita, no la tolera, y esto, porque se opuso a su investidura. Quedaría la posibilidad, que el Congreso derogue la norma que devuelva al presidente, la facultad de destituir al Jefe del Ministerio Público, pero ese será otro pulso.