De todos es sabido que hace meses se planificó una primera ronda electoral que consistiría en bloquear a los candidatos incómodos al oficialismo y dejar pasar a los binomios que tienen pacto de encubrimiento a la corrupción en caso de resultar ganadores.
Fotografía de Oscar Rivas
El Ejecutivo tiene la sartén por el mango puesto que maneja el presupuesto de ayudas sociales que está disponible en el MIDES y el MAGA, así como en varias secretarías y ministerios que ponen a disposición cientos de plazas fantasma para los activistas de los partidos afines. No es casualidad que el exministro del MAGA del gobierno anterior, quien se prestó junto a sus asesores para repartir vales de víveres durante la campaña pasada, ahora sea candidato a la alcaldía capitalina por el partido oficial. Agrado quiere agrado, por lo que este exministro reclamó el apoyo que le brindó a VAMOS y a otras agrupaciones que se aliaron para la segunda vuelta de 2020.
Luego de una desastrosa administración que gobernó con Estados de Excepción y de Calamidad para mantener el control de la ciudadanía y realizar compras sin cumplir con requerimientos burocráticos usuales, es lógico que la ciudadanía no se incline por el candidato oficialista. Vale decir que dicho personaje goza de poca simpatía y aceptación, lo cual abona al naufragio electoral que le espera en las urnas. Eso no significa que se den por vencidos, al contrario, los alienta a utilizar todos los chanchullos que sean necesarios para dejar fuera a la competencia.
La estrategia no se centró únicamente en los binomios presidenciales. Han dejado fuera a candidatos para las alcaldías y diputaciones en todo el país, especialmente aquellos que no se plegaron a las presiones para que corrieran con ellos. Públicamente se supo de la pretensión por sumar hasta doscientos alcaldes a sus filas. Algunos serán reelectos, pero las estadísticas demuestran que serán la minoría. La maniobra tampoco resultará en muchos votos para el candidato oficial.
El daño colateral de todo este fraude orquestado es la pérdida de credibilidad en el sistema electoral, por ende, en el sistema democrático. Los funcionarios que se prestaron al contubernio se arriesgan a quedar manchados -más de lo que ya están- por esas acciones antidemocráticas. El autoritarismo tomó las riendas de la justicia y no la soltará a menos que el votante se las arrebate en las urnas.
El arranque del fraude oficialista comenzó con zancadillas, codazos y una serie de recursos legales que sirvieron de excusa para filtrar a los contendientes. En esta segunda etapa varios partidos se robaron el disparo de salida y llevan ventaja, pero nadie es capaz de predecir lo que sucederá en los próximos tres meses. Lo único cierto es que, “lo que mal empieza, mal termina”.
Los formadores de opinión tendremos que ser muy objetivos en nuestras opiniones, pero también muy cautos porque está en riesgo la libertad de expresión y hasta de asociación. Seguro rebuscarán para encontrar formas de bloquear, como ya lo han hecho antes, a todo aquel que piense diferente. La preocupación expresada por la comunidad internacional en múltiples comunicados, no parece ser un disuasivo para frenar las actuaciones de las mafias incrustadas en el poder.
Conforme pasan los días irán surgiendo nuevas tácticas para que el fraude sea exitoso. El aparato estatal cuenta con una maquinaria de comunicación financiada desde el gobierno y también desde otros países, por medio de empresarios con enormes intereses comerciales. A los lobos se les hace agua el hocico solo de pensar en raspar la olla de los fondos del Estado y apropiarse de los recursos que van quedando. La pregunta del millón es: ¿Lograrán su objetivo o tendremos la suficiente fuerza para resistir este asalto al poder?
