En febrero de 2022, la fiscal anticorrupción Virginia Laparra fue detenida por cargos que aparentemente carecen de base legal sustancial. Laparra había trabajado en casos de corrupción de alto nivel y fue destituida como parte de la purga de fiscales que investigaban a funcionarios del gobierno Giammattei. Su detención es considerada como parte de la estrategia más amplia de eliminar obstáculos a la impunidad corrupta. El caso de Laparra refleja la sistemática criminalización de operadores de justicia que se niegan a colaborar con esquemas de corrupción. La persecución de fiscales anticorrupción ha debilitado significativamente la capacidad institucional para investigar y procesar crímenes de corrupción.
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