A pesar de compromisos internacionales, el Estado de Guatemala no ha implementado medidas efectivas de protección para defensores de derechos humanos. Defensores continúan enfrentando amenazas de muerte, ataques físicos y represalias por su trabajo. El programa estatal de protección a defensores se considera insuficiente. Expertos consideran que la falta de protección refleja falta de voluntad política del gobierno para proteger a estos actores. La inseguridad ha forzado a muchos defensores a abandonar sus trabajos de advocacía.
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