En enero de 2022, el Ministerio Público abrió una serie de investigaciones penales que aparentemente carecen de base legal contra la jueza Erika Aifán, quien presidía el Juzgado de Mayor Riesgo D. Aifán ha sido conocida por llevar casos de alto perfil de corrupción en los que presuntamente estaba implicado el presidente Alejandro Giammattei. Las investigaciones fueron iniciadas bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el mando de Rafael Curruchiche. La persecución de la jueza Aifán es considerada como un intento de obstaculizar la justicia anticorrupción en el país. En marzo de 2022, la jueza se vio forzada a exiliarse de Guatemala debido a las amenazas y el ambiente hostil generado por estas investigaciones infundadas. Su caso es emblemático de la campaña de criminalización contra operadores de justicia.
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