Funcionarios gubernamentales y actores aliados han lanzado campañas sistemáticas de difamación contra periodistas que investigan corrupción. Estas campañas utilizan redes sociales para crear narrativas que caracterizan a periodistas como enemigos del Estado. Se han utilizado cuentas de redes sociales controladas por el gobierno para adelantar información sobre investigaciones penales contra periodistas. Expertos consideran que estas campañas buscan generar clima de opinión pública hostil hacia la prensa crítica para justificar acciones legales posteriores.
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