La grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, se ha incrementado y se refleja frente a amenazas reales y potenciales. Con un acelerado crecimiento de las acciones del crimen organizado, con un narcotráfico fortalecido y varias manifestaciones de la delincuencia común. A ello se suma un ambiente grave de inseguridad interna; con una conflictividad político-social permanente y por el incumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales relacionados con el combate al crimen organizado. Para colmo, con un sistema de justicia deficiente y sin mayor coordinación con las instituciones de seguridad, más una endeble institucionalidad en materia de prevención y gestión de riesgo, ante desastres naturales y provocados.
Sobre seguridad nacional y ciudadana, son muchas las reformas que el gobierno entrante debe impulsar. Desde el año 2010, el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, suscribieron el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia. Estas entidades consideraron: que la seguridad y el resguardo de la vida constituye un derecho de los guatemaltecos, así como una condición fundamental para la consolidación del Estado de Derecho, el fomento de una cultura de paz y la convivencia armónica de la sociedad. Que el Estado y sus instituciones, tienen la ineludible responsabilidad de garantizar la seguridad y la administración de la justicia, en función del bienestar social de la población.
📷 David Toro
El recién creado Consejo Nacional de Seguridad (CNS) se planteó como un sistema que aglutinara a las instituciones de seguridad y justicia. Ese fue el mejor momento para que las instituciones impulsaran el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia. De esa manera, se iniciaría el proceso de fortalecimiento institucional de la seguridad, y como todo un sistema, coordinaran sus actividades con las instituciones de justicia del país. A trece años de ese evento, las fuerzas retardatarias, conservadoras y la derecha fascista, así como las mismas fuerzas de la defensa, han obstaculizado ese proceso. Desde el gobierno de Otto Pérez Molina. El CNS fue desnaturalizado en sus funciones y cooptado por los militares quienes actualmente lo conducen con su propia ideología y en su propio beneficio.
Otro logro en materia de seguridad fue el cambio de paradigma o modelo, que eliminó la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) impuesta por Estados Unidos, durante la Guerra Fría. Esa doctrina consideraba que el “bien a defender” por la acción estatal era el orden político mismo, y en sus aras, era sacrificada la seguridad de la población. Para la DSN, las políticas de seguridad debían girar en torno a la sobrevivencia del Estado, el cual se encontraba condenado a desaparecer, frente a “supuestas amenazas externas”. EE. UU. indicaba que cualquier país del continente, que cayera en manos del comunismo era una amenaza para su seguridad, de ahí que se impuso la DSN. Pero esto nunca fue cierto, porque nadie estaba amenazando la seguridad de EE.UU. En el modelo de la Seguridad Democrática, las políticas de seguridad del Estado, deben girar en torno al ser humano, es decir, a la sociedad. En la Seguridad Democrática, el ser humano, es el bien a defender.
Para la DSN, la población fue considerada el Enemigo Interno y ese mal debía ser extirpado de cualquier forma. Eso explica las campañas de contrainsurgencia, los Crímenes de Lesa Humanidad y las grandes violaciones a los Derechos Humanos. La imposición de la DSN, legitimó las dictaduras militares en la región, mientras los valores esenciales de la democracia, como el debate público y la participación ciudadana, eran plenamente desconocidos, o eliminados de cualquier agenda gubernamental. Con la participación de los sectores democráticos en el debate, se adoptó modelo de la Seguridad Democrática, el cual fue propuesto por el Tratado Marco de la Seguridad Democrática, firmado por los presidentes de Centro América y ratificado por los respectivos congresos nacionales. Por lo tanto, pasó a formar parte del Derechos Interno, y de obligado cumplimiento.
Al Estado nadie lo está amenazando, salvo el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias que lo tienen cooptado. Sin embargo, dentro de los últimos gobiernos, persisten las políticas de seguridad cuya base teórica en la DSN. Esa teoría permite reprimir cualquier manifestación de descontento de la sociedad, y el Estado puede utilizar su poder coercitivo o la fuerza para eliminar la oposición. Ahora lo hacen de manera legal, una muestra de ello, se produjo en las elecciones, con la judicialización del Movimiento Semilla, utilizando las instituciones de justicia a su conveniencia para lograr objetivos que están cercanos a una dictadura.
