Durante la octava sesión ordinaria celebrada el miércoles 15 de marzo, el pleno del Congreso de la República aprobó con 114 votos a favor el Decreto 7-2023 que reformará el Decreto Legislativo 25-79, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), con el cual se actualiza la normativa después de más de 4 décadas de su aprobación, para que la única entidad bancaria pública en Guatemala responda a los retos para los próximos años y que tenga las capacidades para enfrentar el crecimiento sostenido de los indicadores de gestión institucional.
Fondos de emergencia Covid 19 irán al Crédito Hipotecario Nacional (CHN)
Los recursos otorgados en la “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid- 19” pasarán ahora al CHN. Según Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas, se realizaron consensos con el presidente del Crédito Hipotecario y el Ministro de Finanzas, ya que el monto puede oscilar entre Q2 mil a Q500 millones, los cuales han generado intereses de Q40 a Q80 millones anuales.
Las reformas aprobadas ofrecen un apoyo directo a la mujer guatemalteca, así lo manifiestó Xiomara Solares, de la Cooperativa Integral del Magisterio de Guatemala, entidad que forma parte de la Asociación de Desfinanciados, Techo de Jubilación y Jubilados Empleados Públicos de Guatemala (Adesteju), entidad que defiende y protege el interés del damnificado en el desfinanciamiento bancario, jubilado y trabajadores del Estado y empresas privadas.
“Definitivamente será de gran ayuda para el sector femenino, que nos hemos caracterizado por ser luchadoras y emprendedoras, que aportamos a la economía formal de nuestro núcleo familiar. La Ley beneficiará de gran manera, porque nos permitirá optar por un préstamo a largo plazo para liberar parte del salario”, expresó la representante del magisterio.
“Son muchos hogares que solo devengan Q200 mensuales por préstamos y muchas veces por haber sido codeudores se han quedado sin salario alguno. No solo en magisterio pasa, es un problema en todos los ministerios y se da por las necesidades que se tiene y por la situación económica, que al final desequilibran el salario del grupo familiar”, añadió.
“Con esta Ley no se pidió ningún regalito ni se pidieron consideraciones exageradas. Esta petición es un derecho que tenemos como ciudadanos y empleados públicos tenemos acceso, porque también merecemos ahora vamos a liberar nuestros sueldos con préstamos con intereses bajos y a amplió plazo”, agregó.
Las modificaciones a la ley darán apoyo a la estabilidad a la economía familiar, ya que muchos trabajadores y jubilados del Estado cuentan con deudas con otros bancos con altas cuotas y excesivos pagos de intereses, por lo que con la aprobación del nuevo Decreto les abre oportunidad de acceder a préstamos con tasas más bajas y a un plazo más amplio.