Los diputados Samuel Pérez, Bernardo Arévalo, Ligia Hernández, Lucrecia Hernández y Andrea Villagrán, presentaron una iniciativa denominada: ley para el bloqueo de señal desde los centros de privación de libertad.
La propuesta plantea las condiciones y responsabilidades para el bloqueo de la señal de telefonía celular, inalámbrica y de otro medio no controlado que permita las telecomunicaciones de las personas privadas de libertad, hacia fuera de los centros de privación de libertad, pues es del conocimiento que es desde allí donde se piden las extorsiones.
Las empresas telefónicas y autoridades serán responsables de controlar y evitar ese flagelo, dijo el diputado Pérez.
De acuerdo con las estadísticas de las autoridades de las fuerzas de seguridad del país, las llamadas desde las cárceles constituyen un 70% del total de denuncias por extorsión.
