El gobierno, enfrenta a países hermanos, con una torpe política internacional, que en nada beneficia a Guatemala. Agrede a quienes critican su forma de gobernar, no importando si proviene de la comunidad internacional. Se defiende lo indefendible y en su último año de gobierno, el mandatario se justifica por cualquier error político.

Cuando Giammattei fue electo, dijo a periodistas que rompería relaciones con Venezuela y que expulsaría a sus diplomáticos, no aceptando la autoridad del presidente Nicolás Maduro.  También reconoció la “legitimidad” de Juan Guaidó, nombrado por Estados Unidos como presidente. El reconocimiento oficial, a un político no electo por el pueblo, hizo que Giammattei diera su aval a ese disparate jurídico y diplomático, que debilita el derecho internacional y violenta los principios en las relaciones internacionales, proclamados desde la ONU: la “no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos” y “el derecho soberano de cada Nación de construir y mantener libremente su sistema socio-económico y sistema político que ellos mismos elijan”.

La ruptura con Venezuela, no sería el resultado de un conflicto en sus relaciones, sino por las presiones directas de Estados Unidos, o por medio de la OEA, orientadas a ser aislada del resto del continente. Esto, para debilitarla política, diplomática y económicamente, realinearla en las directrices de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, sobre todo apoderarse del petróleo y de los recursos y riquezas venezolanas. Eso lo declaró abiertamente la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, sobre los verdaderos intereses de Washington sobre América Latina, que de paso vulnera sus Convenios de Integración. Algo similar sucedió en 1954, cuando la OEA en pleno votó contra el gobierno de Árbenz, que trataba de consolidar el Sistema Capitalista, y se vivía en el semifeudalismo. Cualquier reforma capitalista, fue vista como una amenaza para los intereses terratenientes conservadores, calificadas de comunismo, y por eso fue depuesto.

Las torpezas políticas del mandatario han trascendido fronteras.  El Faro, un medio de comunicación salvadoreño, señaló a Giammattei de corrupción. No tardó en recibir la crítica del Gobierno y del Ministerio Público, MP. El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que se trataba de: “un ataque político” en contra del mandatario cuya “intensión es querer dañar su imagen”. El Gobierno también emitió un comunicado en el que señaló la noticia de “vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas”. El gobierno guatemalteco se ha colocado a la defensiva y hace creer que su administración es eficiente, sobre todo en sus relaciones internacionales. Guatemala fue demandada internacionalmente por el gobierno de Honduras, por la contaminación que el río Motagua produce en las playas del vecino país, pero las causas del problema no se han abordado, por eso se tiene un potencial conflicto.

Desde el 2021, el MP ha sido criticado por diversas instituciones internacionales, y el Departamento de Estado de EE.UU., removió la visa y sancionó a Consuelo Porras, por «obstruir la justicia» en casos de alto impacto. Acusan a Iván Velázquez, ahora ministro de la Defensa de Colombia, quien trabajó como jefe de la CICIG, abordando casos de corrupción, en los que cerca de 70 estructuras criminales fueron desmanteladas y se procesaron más de 600. Mediante estas investigaciones Pérez Molina y Baldetti, fueron depuestos de la presidencia y la familia de Jimmy Morales, acusada de corrupción. Muchos funcionarios se encuentran en la Lista Engel de los EE.UU., y los miembros del crimen organizado y narcos relacionados con el gobierno, son requeridos por la justicia norteamericana.

Prevalece la corrupción e impunidad y entidades de la comunidad internacional, y el Departamento de Estado de EE.UU., manifestaron su preocupación, por las medidas y órdenes de captura tomadas por el MP, contra funcionarios que trabajaron en la CICIG. Indicaron que tales acciones “debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”. Varios jueces y fiscales del MP, se encuentran guardando prisión, exilados o perseguidos. La FECI que dirige Rafael Curruchiche, está obstinada en emprender acciones legales contra Iván Velásquez, por supuestos actos ilegales y abusos. También emitió órdenes de captura contra la ex fiscal Thelma Aldana, la exsecretaria del MP, Mayra Véliz, el exmandatario de la CICIG, Luis David Gaitán y el presidente de la Cámara Guatemalteco-americana, Amcham, Juan Pablo Carrasco Groote.

Por la torpe conducción de las Relaciones Internacionales, Guatemala se enfrenta innecesariamente al gobierno de Colombia, agravando la controversia y no utilizando la mediación y el diálogo: “la solución pacífica de los conflictos”.  Se habrá generado un conflicto internacional, donde Guatemala saldrá mal parada, porque Colombia rompería relaciones con el país, y suspendería sus convenios económicos. Giammattei, en uno de sus acostumbrados desplantes, hizo un llamado a la “cordura” al presidente colombiano Gustavo Petro y este le respondió: “Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad al genocidio”.