La seguridad no es un problema de policías y soldados

Los programas de gobierno, de los partidos que se disputarán las próximas elecciones, no plantean nada novedoso ni futurista, pero lo más preocupante es la miopía para abordar el tema de la seguridad ciudadana.  La mayoría coincide en aplicar tres políticas para enfrentar la violencia y la delincuencia: La política de Mano Dura, colocar al ejército en las calles y la pena de muerte. Esas políticas ya fueron practicadas con anterioridad, por regímenes dictatoriales-autoritarios y nunca fueron efectivas. Constituyen herencias de la aplicación del poder coercitivo que impusieron su dominación mediante el uso de la fuerza reprimiendo expresiones de oposición, con lo cual impusieron obediencia.

Así han gobernado las oligarquías y militares, con medidas represivas contra la población, que de otra forma no se lograría por su poca legitimidad y falta de autoridad política. No dicen nada de como eliminar a los delincuentes de cuello blanco, ni del crimen organizado que tiene cooptado el Estado, ni del narcotráfico que fluye por el país, porque lo asumen como “normal”, como un mal con el que se debe convivir, por formar parte de este.

No han dado resultado para enfrentar la violencia, generada por el mismo Estado, que excluye y discrimina a la mayoría de la población. La Mano Dura es una forma de gobernar, utilizando la violencia para obtener por la fuerza el control político sobre la población. La seguridad no es un problema de policías y soldados, es un problema de desarrollo económico, político y social.  Si la sociedad lograra alcanzar el bienestar y el desarrollo generado por el mismo Estado, la delincuencia se vería disminuida porque se tendría trabajo, educción, salud, vivienda y muchos beneficios que son la clave para disminuir la inseguridad. Tampoco se tendría necesidad de emigrar a los EE.UU., en busca de mejores oportunidades de vida.  Por esa razón la seguridad va de la mano con el desarrollo.

En la estrecha mentalidad de los capataces que han gobernado el país, con el látigo en mano y el revolver en la otra, solo consideraron la seguridad reprimiendo y sancionando a los presuntos transgresores, que ellos mismos crearon con su sistema político-económico injusto. Esto, en un país empobrecido y donde la brecha entre ricos y pobres se amplió considerablemente. Pero en su mentalidad la pobreza se termina eliminando a los pobres. De esa manera impopular gobernó Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, Castillo Armas, Idígoras Fuentes, y las dictaduras militares, utilizando el asesinato para supuestamente eliminar la oposición, “en la aplicación de la justicia”, como decían ellos. Por esa razón, la población cansada de tantos abusos los expulsó por la fuerza de la presidencia. Se les enfrentó incluso con las armas en la mano, como un derecho y como única opción para eliminar las dictaduras.

Muchas acciones de las fuerzas de seguridad solo sirven para crear la percepción de seguridad, dando confianza a la población de que sus fuerzas velan por ellas. De qué sirve sacar a patrullar a las calles a 100 soldados y policías, si pasan a la par de las casas de los delincuentes sin detectar sus actividades. La práctica ha demostrado que los delincuentes se trasladan a otras zonas, mientras las fuerzas combinadas realizan sus caminatas exhibicionistas. En ese caso se debería fortalecer a investigación policial y la inteligencia, para conocer las acciones de los delincuentes.  Pero se ha fortalecido la inteligencia, para mantener el control de las organizaciones sociales, dirigentes, opositores, y otros como en tiempos de la guerra, considerados opositores al régimen, por lo tanto, el enemigo a eliminar.

La pena de muerte nunca fue un disuasivo contra la delincuencia, fue utilizado como arma política y se aplicó muchas veces para salir de los opositores y contra inocentes, sobran los ejemplos. Muchos países que alcanzaron formas avanzadas y democráticas para gobernar, aboliendo la pena de muerte, porque el Estado no podía caer en las prácticas de los delincuentes, los cuales se consideran violatorios de los derechos humanos. Si bien es cierto que se debe castigar al delincuente, también se debe desarrollar mecanismos para su rehabilitación y su inserción a la sociedad.

Pero esa es una materia pendiente en el corrupto Sistema Penitenciario del país. A Giammattei le favoreció la salida de la CICIG, porque lo estuvo investigando por las ejecuciones extrajudiciales de los reos de Pavón, cuando fue director del Sistema Penitenciario en 2006. Se logró comprobar que la medida fue ordenada por Giammattei, razón por la que estuvo preso. Pero la impunidad y corrupción prevaleció y en un procedimiento viciado fue absuelto. La corrupción es un reflejo de la decadencia moral del sistema político impuesto por la oligarquía. La violencia y delincuencia no termina matando delincuentes, sino resolviendo las causas económicas y sociales, que generan la delincuencia y la violencia. De eso, no plantean nada los programas de gobierno.