A pesar de la captura y extradición a los Estados Unidos por narcotráfico, del candidato a la presidencia por la UCN, Mario Estrada, las estructuras que dirigen sus subordinados se encuentran intactas dentro de uno de los poderes del Estado. Este narco era amigo y socio del presidente que fue a su finca a comer “gallina con crema y loroco”. Varios funcionarios han sido extraditados hacia Estados Unidos, condenados por narcotráfico. Proliferan los funcionarios, como José Ubico Aguilar, diputado que preside la Comisión de Defensa del Congreso y fue condecorado por el Ejército con la Orden de la Monja Blanca. También sobre Freddy Salazar del PARLACEN, y otros alcaldes, que son requeridos por la justicia norteamericana, pendientes de captura y extradición, acusados de narcotráfico. Por cierto, trascendió que este 30 de diciembre a petición de la DEA, Ubico fue capturado en Nicaragua. Antes, en 2003 fue condenado a 46 meses de prisión en EE. UU., por tráfico de heroína. En 2005, posterior a su deportación, Ubico fue electo en el Congreso. Eso es solo la punta del Iceberg, de un Estado cooptado por el crimen organizado y la narcoactividad.

Las estructuras que movilizan la droga por el territorio nacional, han ganado autoridad política, estos han asumido el control de muchas comunidades. Además de manejar las fuerzas de seguridad locales, sustituyen la autoridad de los alcaldes y gobernantes. A nivel nacional tienen representantes en el Congreso de la República, en las instituciones del Estado principalmente dentro de las Fuerzas Armadas, policiales y en el Gabinete de Gobierno. También tienen el control del manejo de aduanas, fronteras y algunos aeropuertos, donde tienen colocada a su gente y según se ha demostrado, el actual gobierno instaló en esos lugares gente de su confianza.

Ello constituye una fortaleza política de los narcos, porque cualquier medida para eliminarlos, inmediatamente es conocida por estos y toman las acciones necesarias para neutralizarlas. De esa cuenta, están sobre alertados y resguardados por las propias fuerzas de seguridad que los deberían combatir.  La guerra contra los narcos es inexistente en Guatemala, y no se necesita, la razón: los narcos se encuentran dentro de las estructuras del Estado, y estos no se pondrán a luchar contra sí mismos.  Las estrategias y acciones que se llevan a cabo en Guatemala, solo constituyen fachadas de una guerra que está condenada a no dar resultados, por no decir, condenada al fracaso.

Se puede observar en los períodos preelectorales, la búsqueda de un espacio y la relación de los narcos con los partidos políticos. Con su dinero han logrado comprar a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como pagar campañas electorales. Guatemala, como puente del narcotráfico, ha permitido el paso de cientos de toneladas métricas de cocaína año con año. Esto, por la ausencia de una verdadera política y estrategia elaborada contra el narcotráfico. Con la llegada del Partido Patriota, el eficiente Sistema Nacional de Seguridad, fue desarticulado y desnaturalizado en sus funciones, provocando que las instituciones de seguridad perdieran incidencia, coordinación, interacción y no fueran efectivas en contra de esa permanente amenaza. Los aterrizajes de aeronaves cargados de droga, no se han detenido en algunos departamentos.

La narcoactividad en Guatemala, se debe a que existen las condiciones políticas, económicas y sociales adecuadas, las que constituyen el caldo de cultivo para su crecimiento, consolidación y expansión. Entre ellas la corrupción, la impunidad, la destrucción del Estado de Derecho, una legislación inadecuada y condiciones sociales de marginación y pobreza. Algunas actividades dentro del territorio nacional, como el lavado de dinero, el trasiego y ahora la producción, se realizan de manera legal, disfrazadas de inversiones en bienes y servicios, todo tipo de empresas de fachada e inversión en infraestructura. Ello no sería posible sin los favores de la administración del Estado.

Por todas estas ventajas, los narcos ahora también utilizan el territorio nacional como Base de Operaciones, con un paraíso fiscal que los beneficia, un sistema de seguridad ineficaz y la facilidad para manejar a las instituciones gubernamentales. Esa plaza les ha representado ganancias de miles de millones de dólares, por tal razón no será tan fácil abandonarla. Será disputada con sangre y fuego, a partir de comprar presidentes, ministros, diputados, alcaldes, las autoridades locales, y las instituciones de seguridad del Estado, tal y como lo han venido haciendo desde décadas atrás.