Durante 2022 y 2023, se han intensificado los conflictos entre empresas mineras y comunidades indígenas que se oponen a la explotación de recursos naturales. El proyecto minero de El Estor ha sido particularmente contentivo, generando manifestaciones y represión oficial. Periodistas que cubren estas protestas han enfrentado hostigamiento y restricciones. Las autoridades locales han impedido el acceso de reporteros a zonas de conflictividad. Comunidades indígenas reclaman consulta previa y beneficio equitativo de recursos explotados. La represión oficial contra activistas ambientales ha generado muertes y desapariciones.
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