En esta recta final hacia las elecciones generales, los guatemaltecos debemos realizar un análisis de viabilidad de la oferta electoral con el propósito de contar con los elementos de juicio suficientes para el 25 de junio y contar con la certeza de que el partido político por el que votaremos, tiene las probabilidades legales, económicas, políticas, humanas y sociales de cumplir. La viabilidad de algo es la probabilidad de que se pueda llevar a cabo con éxito. Por tanto, ofrece información sobre si se puede o no llevar a cabo. Así, si es viable, significa que tiene muchas posibilidades de salir adelante.

En una república como Guatemala se debe priorizar el uso de políticas públicas para plantear las soluciones a la problemática que se desea abordar con el propósito de brindar una solución técnica y sostenible. Las políticas públicas son los instrumentos técnicos que debe usar el Organismo Ejecutivo para tener una gobernanza eficiente, eficaz y transparente encaminada al bien común, en el entendido de fortalecer la institucionalidad y con ello lograr gobernabilidad. En este contexto Carlos Matus señala la importancia del análisis de viabilidad normativa, política, social y financiera para dar brindar certeza a lo propuesto.

La viabilidad técnica normativa responde al análisis de los marcos legales, normativos, reglamentos y disposiciones internas de las dependencias públicas, las cuales garanticen una eficiente implementación de la política pública.  La viabilidad técnica normativa, responde al análisis del andamiaje institucional, de la regulación orgánica interna de las instituciones para implementar la política, en este se hace una revisión del marco legal, normativo y reglamentario, y se analizan los recursos físicos, humanos y financieros. También, si se cuenta con una infraestructura que permita al recurso humano llevar a cabo las gestiones de política y la implementación. Establecer si se cuenta con una programación de presupuesto para implementar los ejes y líneas de acción de la política.

La viabilidad política contempla los acuerdos de coordinación, armonización y consenso entre el ente rector y los corresponsables de la implementación de la política (técnicos, planificadores y tomadores de decisión). La viabilidad de la política responde a la revisión de la claridad de quien es el ente rector, y los corresponsables de los ejes de la política. Sobre esto, si existe un consenso técnico y político para trabajar las corresponsabilidades. Además, si para su implementación se cuenta con un instrumento legal, ya sea decreto o acuerdo que facilite su implementación.

La Constitución Política de la República establece que el fin supremo del Estado es el bien común, el desarrollo integral de la persona y que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. A este precepto deben responder las políticas publicas que se formularan e implementaran en función del beneficio general de los guatemaltecos.

La viabilidad social corresponde a la socialización y consensos de la política en relación con los beneficiarios de la misma.  El consenso que se genere garantizará en alguna medida, una eficiente implementación de la política pública. La gestión descentralizada, el uso efectivo y probo de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad, son fundamentales para el logro de estas políticas.

La viabilidad financiera describe si el proyecto es o no viable a nivel de finanzas. En el informe de viabilidad financiera se incluye el análisis de costo/beneficio. También se proyecta el retorno de la inversión esperado y se prevé cualquier riesgo posible.

La viabilidad de la oferta electoral dependerá al final de cuentas de la voluntad política de los actores económicos, políticos y sociales ante un gran acuerdo nacional para lograr el desarrollo sostenible del país.