En múltiples casos de operadores de justicia criminalizados, se han documentado violaciones sustanciales al debido proceso. Se han incluido como prueba correspondencia privada, comunicaciones en redes sociales y conexiones personales sin nexo con supuestos delitos. Los tiempos de procesos han sido manipulados para maximizar encarcelamiento preventivo. Se ha negado a abogados defensores acceso a información de casos. Expertos legales han condenado estas prácticas como contrarias a estándares internacionales de justicia.
Menu