Durante 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo Judicial y otros organismos gubernamentales han impuesto restricciones sistemáticas al acceso de información por parte de periodistas. Reporteros han sido impedidos de entrar a dependencias gubernamentales y se les ha negado acceso a documentos públicos. Estas restricciones buscan controlar el flujo de información sobre casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de libertad de prensa han denunciado estas prácticas como violaciones al derecho de acceso a la información pública.
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