El juez Pablo Xitumul, quien también llevaba casos de violaciones de derechos humanos, fue suspendido de sus funciones. Su suspensión generó una carga adicional en el sistema de justicia y contribuyó a la ralentización de procesos. Los analistas ven en estas acciones un patrón deliberado de interferencia con jueces que priorizan casos de derechos humanos. La suspensión de Xitumul refleja la presión política sobre la judicatura independiente.
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