El juez Miguel Ángel Gálvez, quien presidía la Sala Penal que conocía de casos de justicia transicional y corrupción de alto nivel, fue removido de su cargo. Su destitución es considerada represalia por sus decisiones judiciales que afectaban intereses políticos. Gálvez había trabajado en casos emblemáticos relacionados con desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Su removación debilita la capacidad institucional para juzgar crímenes graves. El caso ilustra cómo las interferencias políticas comprometen la administración de justicia.
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