Tres fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad fueron sometidas a procesos penales bajo acusaciones de abuso de autoridad. Aliss Morán, Paola Escobar y Siomara Sosa trabajaban en casos de violaciones de derechos humanos y corrupción de alto nivel. Los procesos en su contra son considerados represalias por su trabajo profesional. Su persecución forma parte de la campaña más amplia para desmantelar instituciones anticorrupción. Estas fiscales fueron destituidas de sus posiciones y varias enfrentaron encarcelamiento preventivo. Sus casos ilustran la vulnerabilidad de operadores de justicia ante presiones políticas.
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