Aproximadamente 40 operadores de justicia que trabajaban en casos de corrupción han sido destituidos, criminalizados o se han visto forzados a abandonar Guatemala. Entre ellos hay jueces que llevaban casos de lavado de dinero, fiscales especializados en crímenes de lesa humanidad y abogados defensores de derechos humanos. Sus persecuciones han seguido patrones similares: investigaciones penales infundadas, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. La salida de estos profesionales ha debilitado dramáticamente la capacidad institucional del país para investigar crímenes graves. Expertos consideran que esta purga sistemática es parte de una estrategia coordinada para consolidar la impunidad.
Menu